Resulta fácil compartir el argumento esgrimido por la Junta de Andalucía para que las cajas andaluzas se fusionen en una gran entidad financiera. De otro modo, una institución crediticia potente que sirva de palanca y motor para dinamizar la economía andaluza y que actúe como instrumento útil para acometer retos y proyectos sería impensable desde Andalucía. El proyecto de la gran caja de ahorros andaluza es, sobre el papel, una opción deseable, no sólo para armar una entidad con verdadero músculo y potencia financiera en el actual escenario de crisis. Los ejemplos de La Caixa y Caja Madrid son elocuentes: entidades financieras que han sabido crecer en sus territorios y ocupar espacios en Andalucía aprovechando la dispersión y, por tanto, mayor debilidad de las entidades andaluzas. Pero el debate de la gran caja debe ser público, con luz y taquígrafos, no quedarse en el plano ilustrado hurtando a los andaluces la información sobre los datos de cada entidad y los posibles beneficios que la fusión reportará a cada una. El presidente Chaves ha impulsado el proyecto de la gran caja en un escenario de crisis y sin poner los números de las entidades sobre la mesa. Su consejero de Economía, José Antonio Griñán, decía ayer en una entrevista en El Correo que la Junta tiene todos los datos, pero no los hace públicos. Iniciar un proceso de esta envergadura para Andalucía sin que la transparencia lo presida significa hurtar el debate a los ciudadanos. En la actual coyuntura, urge que la opinión pública conozca qué entidades tienen problemas y prevén usar el aval del Gobierno, así como la situación actual de las cajas de ahorro andaluzas para conocer cómo acude cada una al proceso de creación de la gran caja de ahorros. El asunto es lo suficientemente importante como para que el Gobierno andaluz sea consciente de que la falta de transparencia sólo contribuirá a sembrar aún más dudas en el mapa financiero de Andalucía.