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"Si coger comida para dársela a los pobres es robar, sí soy culpable"

Los primeros detenidos por el asalto al Mercadona, en libertad con cargos por robo con violencia y coacción.

el 09 ago 2012 / 07:54 h.

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El responsable de Organización del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), José Caballero, colaborador directo de Juan Manuel Sánchez Gordillo, se convirtió ayer noche en el tercer detenido por su implicación en el asalto del Mercadona de Écija (Sevilla), una acción protesta dirigida por el diputado de IU y alcalde de Marinaleda. El joven fue arrestado en el municipio de Fuentes de Andalucía, y conducido a la comisaría de la Policía Nacional de Sevilla, donde estaba previsto tomarle declaración.

Durante la mañana de ayer, el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla dejó en libertad con cargos a los dos primeros detenidos por el asalto al Mercadona de Écija y al Carrefour de Arcos de la Frontera (Cádiz). El juez les imputó un delito de robo con violencia y otro de coacciones por el apoderamiento violento de efectos expuestos a la venta al público, además de la prohibición de acercarse a 300 metros del Mercadona de Écija, y la obligación de comparecer en sede judicial cada vez que sean requeridos. Tras su puesta en libertad, Andrés Amaro y Francisco Molero se dirigieron a la finca ocupada Las Turquillas, en Osuna, donde fueron recibidos con abrazos y puños en alto por Sánchez Gordillo y el secretario general del SAT, Diego Cañamero, que se encuentran en la finca desde el miércoles. Molero afirmó al salir del juzgado: "si coger algunos alimentos de primera necesidad para dárselos a familias que lo están pasando mal es robar, entonces soy culpable".

Gordillo se ratificó ayer en que "ni él ni ningún miembro del SAT ha cometido ningún delito y que dará la cara". El diputado negó que se produjera algún enfrentamiento entre los asaltantes y el personal del supermercado y explicó que sigue esperando la citación judicial para ir a declarar que anunció el ministro del Interior el pasado miércoles . Según anunció Mari Carmen García, responsable provincial del SAT, la Policía ya ha identificado a todos los asaltantes a través de las imágenes aparecidas en televisión y procederá a nuevas detenciones, aunque no se conoce cuántas ni cuándo se llevarán a cabo.

La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP-A, Dolores López Gabarro, señaló ayer al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, como "mente pensante de la estrategia de marketing de Sánchez Gordillo", y aseguró que la situación convierte al presidente José Antonio Griñán en un "títere del comunismo más radical que está imperando en Andalucía". La formación anunció que estudia emprender acciones legales contra el SAT por colgar en su web un montaje en el que se puede ver la esvástica nazi sobredimensionada sobre el logo del PP.

La acción de Gordillo ha provocado la división dentro de su propio partido. Valderas consideró ayer "discriminatoria" la aplicación de la ley tras el arresto de los dos afiliados del SAT e insistió en que la presencia de Gordillo allí se debía a su condición de "sindicalista y no de diputado", intentando salvar la imagen de la formación que gobierna en coalición con el PSOE en Andalucía.

Por su parte, el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, exigió al Gobierno medidas contra la pobreza, en lugar de "cazar a Robin Hood", en referencia a Sánchez Gordillo. El diputado defendió la acción como una denuncia de carácter social. También se pronunció el diputado de IU, Alberto Garzón, quien valoró como un "completo éxito" el asalto a los supermercados ya que sirvió para "remover los cimientos ideológicos de la mayoría de la gente". Garzón admitió que la acción fue ilegal, pero según explicó la cuestión "no reside en saber en qué lado de la frontera jurídica cae, sino en si es una acción legítima y digna o no".

El PSOE se situó en contra de la acción, aseguró que ve "correcta" la actuación judicial y exigió que "se cumpla la ley". Soraya Rodríguez explicó que los socialistas están en contra "de cualquier acción delictiva que suponga vulnerar la legalidad vigente". Mientras, el Ayuntamiento de Écija convocará un pleno para analizar lo sucedido.

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