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«Si el riesgo es alto, la orden de alejamiento no frena al agresor»

Miguel Lorente, nuevo delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, aboga por una asistencia personalizada en cada caso. Apuesta por la coordinación entre justicia y salud. Foto: Juan Carlos Cazalla.

el 15 sep 2009 / 04:05 h.

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-Tras años de lanzar un mensaje a las mujeres para que denuncien los malos tratos, cada vez son más las que lo hacen pero algunas mueren tras poner la denuncia o iniciar los trámites de separación. ¿Teme un retroceso?, ¿cómo se va a trabajar para garantizar la seguridad de las mujeres que dan el paso?

-No siempre existe una relación directa, muchas víctimas habían denunciado hace tiempo y ni siquiera estaban ya bajo medidas de prevención. Se da esa sensación con titulares que generan miedo en la víctima y seguridad en el agresor. Que no hubieran denunciado no significa que no hubieran sido agredidas, porque la violencia de género es un proceso progresivo, va en aumento. Lo que sí genera riesgo es la pérdida de control por parte del agresor, la separación. De hecho, muchos casos se producen durante encuentros a los que la mujer accede cuando el agresor está intentado volver. Hay que mejorar cosas porque se dan situaciones nuevas y desarrollar dos grandes líneas de actuación: una con carácter preventivo, para que no se minimice el riesgo ni se baje la guardia, y otra para ofrecer una atención profesional personalizada en cada caso, individualizando la asistencia y si hay denuncia, valorando al agresor para determinar su agresividad.

-Muchos crímenes se producen violando medidas jurídicas como una orden de alejamiento.

-La atención individualizada significa que no en todos los casos la orden de alejamiento es eficaz. Si hay una víctima identificada y riesgo elevado de que el agresor la busque para matarla, no lo frena una orden, a lo mejor hay que plantearse la prisión preventiva.

-Esa atención personalizada necesitará más recursos.

-Hacen falta más medios y racionalizarlos para evitar duplicidades, aproximar instituciones como salud y justicia, que compartan información, y especializar a los profesionales que trabajan con las víctimas. Igual que se ha hecho con jueces, fiscales y forenses, en salud hay que crear alguna estructura especializada que permita un control mayor. Un 30% de las mujeres sufre algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Siempre hay una posibilidad de detectar el problema, cuando va al médico, lo comenta en el trabajo... Muchos de estos recursos ya se están usando, por ejemplo toda mujer que pone una denuncia es vista por el forense. Hay que insistir en valorar también a los agresores y a los menores.

-De su experiencia en Andalucía, ¿va a exportar a Madrid alguna iniciativa?

-Andalucía siempre ha sido ejemplo y pionera en políticas de igualdad. Tenemos que trabajar mucho con las comunidades porque tienen competencias sobre algunas medidas a poner en marcha. En el Observatorio de la Violencia de Género están todas representadas para coordinar políticas.

-Los datos revelan un aumento de casos al día siguiente de hacerse público algún crimen. Se ha luchado por sacar a la luz un delito que se encubría por ocurrir en un ámbito considerado privado, pero da la sensación de que se produce cierto efecto llamada. ¿Qué política informativa se debe seguir?

-Una noticia sobre un asesinato sólo le influye al que ya ha pensado hacerlo, puede precipitar una idea previamente elaborada, adelantar su acción o imitar la forma de hacerlo. Pero eso no significa que haya efecto llamada. Nadie que no haya pensado en cometer el crimen va a hacerlo por verlo en las noticias. Es fundamental dar información sobre violencia de género y las situaciones que dan lugar a esa violencia para sensibilizar y provocar un posicionamiento crítico. Sí habría que mejorar el tratamiento de la información. Es importante contextualizar dentro de un problema de violencia machista y no presentarlos como casos aislados, no explicitar muchos detalles morbosos sobre el tipo de crimen y trasladar el rechazo social a la violencia y al agresor.

-Las propuestas sobre programas de rehabilitación para los agresores despiertan controversia, ¿cuál será la política estatal al respecto?

-Es una forma de reducir riesgos y controlarlos, es una medida de protección para la mujer y en ningún caso implica que se quiten medios para proteger a las víctimas ni se eliminan medidas procesales. Nadie va a transformar la mentalidad de un maltratador pero sí se puede trabajar para modificar sus pautas de conducta, quitándole muchas de las ideas que tienen y, sobre todo, haciendo que asuman su responsabilidad porque muchos se consideran injustamente condenados.

-¿No muestran arrepentimiento? Muchos se suicidan.

-Si es una persona integrada no quiere enfrentarse a su entorno y se suicida, pero no hay arrepentimiento. Si no está integrado, se entrega para reivindicar lo que ha hecho, porque considera que ha sido un auténtico macho.

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