Ha sido la semana del desengaño. Muchas esperanzas tenían puestas en el juez Baltasar Garzón las familias de los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura, y todo ya es nada. Dice ahora el magistrado de la Audiencia Nacional que no es competente para juzgar esos "crímenes de lesa humanidad", y se desdice de lo que pensó primero. El cambio de criterio y la obligación de tener que remitir ahora todos los casos a los juzgados provinciales donde se encuentra cada fosa tiene a las asociaciones de Memoria Histórica en una montaña rusa que les deja el ánimo herido. "Ha sido muy duro. Garzón ha jugado con nosotros para salir en los telediarios. Ni siquiera ha sido él quien ha puesto el debate de la memoria de actualidad, eso es trabajo de las familias desde hace 15 años", afirma Rafael, nieto de un fusilado en La Puebla de Cazalla.
Su tono colérico era el habitual entre los concentrados ayer ante la Consejería de Justicia de la Junta, en la Gavidia. Allí, por segunda vez en un mes, la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y CGT-A convocaban a las familias para exigir al Gobierno andaluz que se "implique" en el proceso de exhumación de fosas, "ya que hasta ahora su actitud ha sido tristemente pasiva", denuncia el portavoz del sindicato, Cecilio Gordillo. La protesta debía celebrarse la próxima semana, el último sábado del mes, una fecha que van a fijar "durante el tiempo que haga falta" para reclamar lo que creen "justo y necesario". Sin embargo, el revés de Garzón les ha obligado a acelerarla. "No podemos pararnos en seco, sino aprovechar el impulso social que ha logrado la causa y comprometer a las administraciones en la labor de dignificar a las víctimas", añade Francisca Maqueda, vicepresidenta de la asociación. "Si Garzón no nos escucha, que lo haga la Junta", apostilla Gordillo.
Lo que le piden a Justicia es que "cumpla" la Ley de Memoria Histórica -en vigor desde hace un año-, que impulse y ayude a financiar dentro de sus competencias la excavación de fosas comunes, 168 sólo en la provincia de Sevilla con más de 12.000 enterrados. "Hasta ahora, todos los proyectos pendientes y apalabrados están parados, pese al compromiso de intervención de la Junta, y no se toman medidas urgentes que hagan justicia de una vez por todas a esos represaliados", recoge el manifiesto que llamaba a la concentración.
Vidas contadas. En esta ocasión, la mañana soleada reunió a un centenar de personas entre abuelos, hijos y nietos. Muchos niños había escuchando lo que le contaban sus mayores, curioseando entre los retratos de los fusilados, parándose ante Amalia González, Vicente Gonzalo Escalona, María Silva, La Libertaria. Algún viandante hacía preguntas: que si quién organizaba aquello, que si creían que iban a lograr algo, que por qué no ponían también los rostros de los muertos en Paracuellos. Los más se detenían a leer y a mirar, respetuosos como en un cementerio.
A los pies de la escultura del capitán Luis Daóiz, Iván Ortiz se entretuvo en colocar la única pancarta de la protesta. Con ella, este antropólogo pedía que se excave la macrofosa situada entre Lanjarón y Órgiva, en Granada, compuesta al menos por cuatro enterramientos. En ella puede haber, según los cálculos de los historiadores, hasta 4.000 cadáveres. Ortiz tiene en ella el interés del experto y el del familiar, pues allí puede estar su tío abuelo Antonio. "Lo que le pido a la Junta es que proteja las fosas y acelere las exhumaciones. Allí cuando llueve la tierra se remueve y salen huesos. Hay que actuar ya. No podemos esperar a un juez, ni a uno estrellita ni a uno de pueblo. Es sólo cuestión de humanidad", concluye.
