Economía

«Si hay que correr, correremos. Y si una compañía no cumple, que se vaya»

María José Asensio Coto es directora General de Industria, Energía y Minas.

el 15 jun 2014 / 23:49 h.

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entrevista maría joséPorque el tamaño de las minas andaluzas es mediano, porque la inversión necesaria para explotarlas no es grande y porque el mercado internacional de los metales es menos especulativo y más estable en precios que hace dos décadas, cuando el cierre de yacimientos era una constante por falta de rentabilidad, María José Asensio considera que la actividad en la región «está entre las que tienen más capacidad de resistir» en el mapa minero mundial. La Junta de Andalucía está realizando un despliegue sin precedentes para impulsar la actividad minera. ¿Por qué precisamente ahora? Por dos razones. La primera, porque el mercado internacional de los metales lo permite, y eso propicia los movimientos empresariales y las inversiones. Y la segunda, la urgencia de la situación económica que si bien no determina la decisión, sí nos hace tener más premura. Habla del mercado internacional, pero fue justo ese mercado, con su caída generalizada de precios, el que condenó a la minería andaluza hace década y media… Como la economía en general y como el resto de los sectores de actividad, la minería tiene sus ciclos, con momentos de auge y momentos de bajada. Pero tenemos la certeza de que el mercado vinculado a las materias primas no se comportará como entonces. Primero, no existe un movimiento especulativo, sino que los precios se basan en el mercado real y en expectativas reales de producción, y esto invita a pensar en un mantenimiento de los mismos en el medio y largo plazo. Segundo, y respecto a aquella época, hay un cambio radical en la tecnología de extracción. Tercero, la estructura empresarial y de costes es también muy distinta, y menos intensiva en mano de obra. Y cuarto, existe actualmente más calidad tanto al extraer los minerales como al transformarlos, y mayor seguridad laboral y medioambiental. Hoy en día, pues, no estamos tan vendidos al precio. Pero se exigen grandes inversiones… En Andalucía no tanto si se comparan con las actuales inversiones que requieren los grandísimos yacimientos de Sudamérica, África o Asia. Es más, las explotaciones mineras andaluzas son medianas y necesitan, como mucho, 300 o 400 millones de euros. Y la premura se nota en… Si una empresa solicita un permiso de investigación y el terreno está libre, se le concede. Si no lo está, sacamos un concurso para adjudicar la investigación y así liberamos el terreno. Nueve concursos hemos sacado ya en Andalucía, uno por provincia salvo dos en Huelva, y 650 permisos mineros antiguos han caducado. Pero, además, si una empresa no cumple sus compromisos, le revocamos la concesión. Es lo que ha ocurrido con CRI (Corporación de Recursos Iberia), que tenía transferidos los derechos para 391 hectáreas en el Andévalo onubense, y se los hemos revocado porque, tras un año, no había hecho casi nada. Convocaremos pronto otro concurso para así dar oportunidad a otras compañías. Drástica decisión. Sí, no fue una decisión agradable, créame. Ese yacimiento, llamado Lomero-Poyatos, generó primero grandes expectativas en la zona, y después ansiedad porque no se cumplieron los compromisos adquiridos. Y esto no puede ser, y menos en un entorno de crisis económica y elevado desempleo. Queremos y hacemos todo lo posible para facilitar la actividad minera en Andalucía y tenemos muy claro que si las empresas no cumplen, se tienen que ir para dar paso a otras realmente interesadas. No estamos para dejar un proyecto paralizado durante cuatro o cinco años. Eso en la industria minera lo entienden e incluso lo alaban. Pues sí que han cambiado las tornas. Porque hasta hace muy poco, quien se quejaba de la lentitud administrativa era precisamente la industria… Pero eso está dejando de ser así. Estamos imprimiendo la mayor agilidad posible, aunque también hay que tener en cuenta la complejidad de un proyecto minero, cuya concepción es muy larga y requiere permisos de varias administraciones porque hay movimientos de terrenos, hay gestión de las aguas y de los residuos, está la industria en sí… Es más, no todas las minas son iguales y, si me apura, ningún proyecto sirve para otro. Cabría decir, incluso, que en la Administración andaluza los pasos de un proyecto siguen el mismo proceso que previamente se ha vivido internamente en la empresa minera: ésta tiene sus propios geólogos, sus expertos en agua… y todo eso nosotros tenemos que revisarlo con los nuestros. Pero si se acompasan los ritmos… Si lo hacemos, pues mucho mejor, claro está. A todos nos resultaría más fácil. Ha ocurrido que se le pide a una compañía que elabore, por ejemplo, una revisión del proyecto de gestión de las aguas y ha tardado, porque los necesitaba, seis meses. Este trabajo nosotros después debemos revisarlo, y nos lleva nuestro tiempo. ¿Qué se enfada la empresa? Sí, pero tiene que ser así para tener garantías de que prospere. Eso no quita, y es verdad, para que la administración minera deba mejorar considerablemente. ¿El ideal? Pues sería que, en cuanto a los procedimientos, la administración minera regional consiguiera acercarse a la industria en general, con unos servicios telemáticos las 24 horas los 365 días del año, que las resoluciones fueran casi inmediatas… Pero existe una gran diferencia entre la legislación minera y la legislación industrial. Esta última está completamente liberalizada, mientras que la primera aún está sometida a una normativa estatal preconstitucional, de 1973, que actualmente no nos sirve. ¿Por qué? Porque tratar de aplicar unos procedimientos modernos a una legislación antigua es difícil, por no decir imposible. Alguien tendrá que cogerla y modificarla. Se ha esperado demasiado tiempo... Pero la Junta tiene transferidas las competencias mineras. Sí, las competencias administrativas son nuestras, pero no la legislación básica, que es del Estado. En Andalucía estamos haciendo mucho, como demuestran los concursos públicos, las fórmulas buscadas para caducar las concesiones antiguas, las revocaciones de concesiones, las reuniones periódicas con las compañías, la mayor agilidad. Hay que entender, asimismo, que nuestro papel aquí es doble: por un lado, controlamos la seguridad minera, la seguridad laboral y la seguridad medioambiental; por el otro, tenemos que incentivar la inversión en la minería andaluza, facilitando la labor a las compañías, pero siempre con riguroso cumplimiento de la normativa. En el concurso sobre Aznalcóllar, ¿se primará la presencia de socios locales que vengan acompañando a multinacionales? No. Una cosa es que queramos empresas andaluzas fuertes en cualquier ámbito, incluido en el minero donde no tenemos compañías propias, y otra bien distinta es que seamos una administración intervencionista, y no lo somos. Sí les decimos a todas ellas: tenemos una razón para que ganéis dinero, y es la generación de empleo y la contribución al desarrollo de la industria auxiliar, y esta última sí es nuestra: la maquinaria de sondeos, los laboratorios químicos… Eso sí fortalece el tejido industrial de Andalucía. Pero más allá de eso, no intervendremos. Y las dos empresas aspirantes (Grupo México-Magtel y Emerita Gold Resources) son magníficas empresas. Esa premura en la Consejería de Economía, ¿va acompasada con la premura en Medio Ambiente? Totalmente. La coordinación es ahora mucho mejor. Un proyecto minero moviliza a mucha gente en una empresa, pero también en la propia administración. Si hay que correr, pues vamos a correr. No vamos a desperdiciar este tirón.

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