Acaba de salir un informe de la Fundación Ideas (Nuevas ideas para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y la economía mundial: decálogo de reformas para responder a una crisis sistémica), que se define como conjunto de "respuestas progresistas a la crisis financiera". Muy resumido, y a lo que yo entiendo, se proponen dos grandes reformas: mayor transparencia y atar mucho más en corto al capital financiero. La vía para conseguirlo son mecanismos efectivos de gobernanza global, capaces de responder a la globalización del mercado. Ahí es nada.
El decálogo es ambicioso y por ello mismo descuida lo urgente (el corto plazo) frente a lo necesario (medio y largo plazo). También es excesivamente ingenuo. Quiero decir, sus propuestas, algunas bastante detalladas, obvian profundizar en la relación de fuerzas a nivel local y global que ha permitido el estado de cosas cuya consecuencia ha sido el colapso presente. En este sentido, debería reconocerse que el prerrequisito habilitador del nuevo modelo propuesto es necesariamente una postergación clara del paradigma neoliberal-desregulatorio por parte del electorado. Ya se han visto algunos pasos en este sentido en las elecciones americanas, y el mismo silencio que guardan los think tanks de la cofradía thatcherista en torno a la crisis ya es un signo de humildad considerable. Y es verdad, desde luego, que ha sido un mal año para reeditar a Friedman, pero eso no significa que haya acuerdo nítido en la sociedad sobre cómo se reparten las culpas.
Ni tampoco la apresurada cumbre del G20 en Washington permite albergar demasiadas esperanzas sobre la posibilidad de que se pongan en marcha líneas de corrección de los déficits detectados: fallos del mercado (estructura de incentivos que favorecen a los directivos de las empresas a costa de los accionistas), fallos del Estado (marcos regulatorios y contables insuficientes) y fallos de política económica (Bancos centrales obsesionados con la inflación).
El informe reclama también la necesidad de un activismo estatal y el reconocimiento del papel que ha jugado el Sector público como red de seguridad para evitar un batacazo sistémico. Todo esto puede ser verdad hasta cierto punto, pero ¿han sido realmente activos los gobiernos en su intento de volver a poner en marcha la función crediticia? Lo único que han hecho hasta ahora es limitarse a poner a disposición de la banca privada grandes cantidades de liquidez, pero sin reservarse ningún tipo de instrumento que obligue a dichas empresas financieras a trasladar el dinero al sistema productivo. Y la cosa no parece funcionar. Tanto es así que el BCE se ha visto obligado a bajar la remuneración de los depósitos que tienen durmiendo en esta entidad la banca privada para incentivar su salida al mercado.
Por eso, en las actuales circunstancias este nivel de activismo estatal es contraproducentemente tímido. Se está ignorando que la función crediticia presenta unas externalidades positivas imprescindibles para la supervivencia de la actividad económica. Por lo tanto, el Estado, visto que falla el sistema financiero y los primeros parches aplicados, debe optar por lanzarse directamente a actuar como agente crediticio, haciendo que los flujos de liquidez que la banca ahora mismo engulle de manera estéril acaben inyectándose en la economía real.
Catedrático de Hacienda Pública. jsanchezm@uma.es
