I. Morillo / L. Blanco 
Emilio De Llera, fiscal en excedencia y consejero de Justicia, admite que le ha costado trabajo aprender el oficio de consejero. Confiesa que jamás había pensado hacer política de forma directa y que este año ha sido un cambio radical. Está harto de que le pregunten del caso de los ERE, que juzga una compañera siempre se refiere así a la instructora, Mercedes Alaya pero no oculta discrepancias y su temor a que el retraso en el caso lleve a la prescripción de delitos. Plantea una gran reorganización de todos los recursos humanos que dependen de la Junta y aún no sabe cómo digerirán los funcionarios en los juzgados todos estos cambios.
Le ha tocado una época de estrechez presupuestaria, ¿es frustrante gestionar sin medios? Si gobernar sin dinero ya gratifica cuando consigues un pequeño logro, gobernar con dinero ya tiene que ser un gustazo, porque podrían hacerse muchas más cosas. Hay que tomar a veces decisiones muy difíciles, priorizando. Un presupuesto exiguo exige muchas labores de selección, de decidir en qué vas a invertir lo que tienes, como una madre de familia de una casa pobre, tienes que estar priorizando las necesidades más perentorias.
¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de su gestión en este año? Lo peor, la falta de dinero y lo mejor, los avances en la mejora de las deficiencias que presenta la justicia en Andalucía y en materia de seguridad. En justicia estamos atajando los grandes males que son competencia del Gobierno andaluz. Los otros males estructurales corresponden al Ministerio, que por cierto no está haciendo nada de lo que sabe que tiene que hacer. El ministro está inventando cosas como las tasas, como la reducción del Consejo General del Poder Judicial a una mera oficina administrativa de recursos humanos de los jueces y sin embargo no se ha ampliado el número de jueces, que es necesario, no se ha adaptado la planta y demarcación judicial, que también es necesario. Por otro lado, seguimos aplicando normas procesales que son del siglo XIX, especialmente en lo penal, la ley de enjuiciamiento criminal que hoy tenemos vigente es de 1882 y ya ha llovido.
¿Qué mejoras caben en los juzgados andaluces sin dinero? Vamos a sacar un nuevo decreto de oficina judicial y fiscal que nos va a permitir reorganizar y reordenar todos los efectivos humanos. Va a ganar la justicia en eficiencia en rapidez en agilidad y vamos a obtener una mayor comodidad por parte de los propios funcionarios de justicia que están soportando situaciones.
¿Cree que los funcionarios compartirán ese planteamiento como una mejora? Tengan en cuenta que están quemados por los recortes. Otra de las ideas geniales del señor Gallardón ha sido reducir los sueldos y reducir los permisos. Se quejan con toda la razón.
¿En qué consistirá esa reorganización de todo el personal? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Imagine que hay dos juzgados en una misma población y como son compartimentos estancos cada juzgado tiene sus propios funcionarios. Imagine que en uno de los juzgados un funcionario de auxilio judicial, los que llaman a los testigos para que entren a juicio, avisa a las partes, a los abogados..., se pone malo. Pues se tienen que suspender todos los juicios porque al que está en el juzgado de al lado no se le puede exigir que auxilie en el juzgado vecino. Si todos los funcionarios dependen de ambos juzgados pueden intercambiarse.
¿Los funcionarios no estarán adscritos a ningún juzgado? El funcionario estará adscrito a la oficina judicial. Habrá unos funcionarios, pocos, que serán de apoyo a cada juez personalmente. Para el resto habrá como regla dos grandes servicios comunes y atenderán a todos los juzgados de la población de que se trate. Habrá un servicio general de gestión procesal, que se encargará de la tramitación de los asuntos, y otro servicio de ejecución, que se encarga de las ejecutorias, de que se materialicen las decisiones judiciales que se han dictado. Conseguimos además un efecto añadido: vamos a permitir que los funcionarios puedan especializarse y eso es bueno, van a funcionar mejor y con más comodidad.
¿Cuándo cree que esta gran reforma estará en marcha? Espero que saquemos el decreto a final de año y empezaremos la implantación a principios del año que viene. Habrá que hacerlo paulatinamente.
¿Esto lo han negociado con los sindicatos? Algo parecido, con la fusión de los grandes hospitales, tiene en pie de guerra a los trabajadores. No tiene nada que ver con eso. Lo que hay que negociar con los sindicatos son las relaciones de puestos de trabajo de esas oficinas. Creo que hay que hacerlo con consenso porque lo que se hace con consenso sale mejor siempre. Además también tiene ventajas para los funcionarios. Ahora mismo hay órganos judiciales que tienen muchísimo trabajo y están el mismo número de funcionarios que en otro que hay al lado que no tiene apenas trabajo. Los pobres que están matados trabajando en el sitio que tiene mucha carga ven como los otros viven muchísimo mejor que ellos. Es tremendamente injusto. Hay que redistribuir la carga.
¿Plantea un plan para los juzgados como el que está en marcha para mejorar las infraestructuras educativas, el llamado plan OLA? Ojalá tuviéramos un plan para remozar las sedes judiciales. La verdad es que con el escenario que tenemos va a ser muy difícil. Grandes obras no va a haber.
¿Y arreglar lo que hay? Eso es lo que estamos intentando. Estamos arañando de donde se puede, que se puede poco. Tendremos que ir programando esas pequeñas mejoras allí donde se pueda. Priorizando mucho.Donde más aprieta el zapato allí es donde tendremos que incidir. Yo he trabajado en los juzgados de Sevilla y sé lo que aprieta más.
Hablando de la falta de medios, la jueza Mercedes Alaya, que instruye la causa de los ERE, ha reclamado más medios técnicos para agilizar su trabajo. ¿Se los van a proporcionar? La Junta siempre está pidiendo celeridad. Lo que no puedo compartir es que el atraso que sufre esa instrucción ni ninguna otra se deba a la falta de medios de la Junta. Sería un pretexto. Si un juez dijera que es que no tiene medios y por eso va lento está mintiendo como un bellaco. Las cosas van lentas porque el modelo de proceso penal que tenemos es nefasto, es una antigualla. Somos el único país de Europa donde los jueces tienen todavía encargada la investigación de los delitos, eso en ningún sitio pasa. El propio sistema hace que las cosas se alarguen y a veces la voluntad de los propios jueces. De las cosas que nos pide mi compañera, la juez del 6, hay algunas que sí le podemos dar y se las estamos dando ya y otras que es muy complicado. Por ejemplo, nos ha pedido que le pongamos la notificación telemática, esto tiene una planificación de implantación. Tampoco es eso lo que va a acelerar el proceso, se lo digo claramente.
Ha mencionado la propia voluntad de los jueces como factor que puede retrasar, ¿cree que es eso lo que ocurre en los ERE? Verá, no voy a juzgar a ningún juez en concreto diciendo que atrasa o adelanta intencionadamente.
Sus compañeros de Gobierno sí lo dicen. Lo que dice el Gobierno y lo digo yo también es que esto está durando demasiado. Demasiado porque no tiene justificación. Además puede producir un efecto perverso que es que prescriban delitos. Eso no solo lo ha dicho la Junta sino también la Fiscalía Anticorrupción, que ha manifestado ya su temor de que prescriban delitos menores, como por ejemplo los de los intrusos en los ERE, y eso sería gravísimo. Le pedimos celeridad, pues claro, el caso está alarmando a los ciudadanos.Cuanto antes los andaluces sepan la verdad será mejor para todos.
¿Cuánto cree que le queda a la instrucción? ¿Les podrá amargar toda la legislatura? No lo sé pero posibilidad hay.
¿Qué le parece que Alaya rechazara un juez de apoyo? Son decisiones personales.Está en su derecho, pero si yo hubiera estado en su lugar no hubiera rechazado ninguna ayuda. Ocurre también que los fiscales estamos acostumbrados a trabajar en equipo, los jueces no.
La semana que viene el Parlamento acoge el Debate del Estado de la comunidad. El PP insiste en que Griñán llega tocado y que cada día despierta pensando si Alaya lo imputara. ¿Qué le parece? Pienso que hay que ser malvado y malintencionado.
¿No cree que hay algún indicio o responsabilidad para imputar a Griñán en el caso ERE? Ninguno. Ninguna posibilidad. El presidente no tiene ninguna vinculación con este asunto.
¿Y ve posible la imputación de la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo? Tampoco.
Usted que es tan franco y viene de fuera de la política, ante la gravedad y la magnitud de esta presunta trama corrupta ¿Qué opina? ¿No se pregunta cómo pudo ocurrir algo así durante toda una década? Como consejero no opino nada porque digo cosas y se malinterpretan. Cuando los delincuentes se organizan bien, se esconden para no ser descubiertos.
¿Vio a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados, en La Sexta el otro día? No. No lo vi. Por salud mental esas cosas nos la veo.
¿Es razonable que Guerrero esté en libertad y en los platós? Mire yo soy un defensor del derecho a la libertad. Yo lo que quiero es que si es malo deje de estar en la calle pero porque esté cumpliendo condena, no preso preventivo. No se puede utilizar la prisión preventiva como una pena anticipada y sin juicio. Eso es cargarnos el derecho a la presunción de inocencia.
Oyendo con la ligereza con la que este imputado habla de los fondos públicos, ¿no le llama la atención que fue director general con tres consejeros?
Lo que le puedo decir es que tiene aspecto de desahogado. No lo conozco personalmente, no sé si es inteligente, si no lo es, si vale, no vale. Desde luego tonto parece que no era tan tonto. Pero mientras que no haya una sentencia de condena y firme, goza del derecho a la presunción de inocencia.
Cuando oye a dirigentes del PSOE hablar de una instrucción política y de conexiones entre la jueza Alaya y el PP ¿qué opina? Es natural que la gente sospeche.
Hay algún indicio.
¿Hay algún indicio? La gente ve indicios, claro. No le voy a marcar cuáles son porque usted lo sabe igual que yo. Las cosas se presentan de una manera que producen una determinada apariencia. Hay coincidencias temporales entre decisiones judiciales y momentos electorales, pues sí. Eso es una apariencia. No digo que mi compañera lo haya hecho intencionadamente pero entiendo que haya gente que sospeche que lo haya podido hacer intencionadamente.
Ha manifestado su acuerdo con una reforma muy polémica que defiende Gallardón de que la instrucción pase a los fiscales, que sí son nombrados por el Gobierno. ¿Cree por ejemplo que en el caso ERE sería mejor una instrucción a manos del fiscal? En el caso ERE mismo, el juez está vinculado por su investigación, no es imparcial. Cuando el juez descubre a un delincuente y lo mete en la cárcel, lo digo muchas veces, está haciendo un ejercicio de autocomplacencia, diciendo qué listo soy que lo he descubierto y ahora lo entrullo. Si investigara el fiscal, el juez pondría medidas y garantías. El policía que ha perseguido a un delincuente y lo caza, pues seguro que está convencido de que es culpable. Si al juez lo ponemos a investigar, se comporta como un policía, ha perdido la imparcialidad
