No han podido hablar con él desde que entró en prisión el pasado 24 de febrero por lanzarle un zapato al primer ministro turco en plena Plaza Nueva, pero lo que más preocupa a los amigos y familiares de Hokman Joma es que lo devuelvan a Siria porque allí, dicen, "es hombre muerto".
El joven kurdo está a la espera de que la Audiencia estime su recurso para obtener la libertad provisional que le ha denegado la juez que lleva el caso por riesgo de fuga al carecer de "vínculos sociofamiliares y económicos en España".
Ahmed Ibrahim tiene 26 años y conoció a Hokman, de 27, en 2005, cuando ambos vivían en el centro de refugiados de Sevilla. Como él, también llegó a España huyendo de un país, Siria, en el que "los kurdos tenemos las peores carreteras, los peores colegios, no podemos estudiar ni trabajar y ni siquiera somos considerados ciudadanos".
Durante un tiempo trabajaron juntos en Morón de la Frontera y en 2009 se instalaron en el Parque Alcosa. "Yo me casé con una española y él comparte piso con un chico del barrio", cuenta.
Sin embargo, hace unos meses a Hokman le fue retirado el pasaporte y abierto un expediente de expulsión. "Él seguía con su vida normal: iba a clases de español, hacía deporte, quedaba con nosotros..." ya que, dice, "su idea era encontrar un trabajo y vivir en España".
Pero el 22 de febrero las televisiones de medio mundo retransmitieron las imágenes de la detención de Hokman tras arrojar un zapato al primer ministro Recep Tayip Erdogan al grito de "Kurdistán libre" y dos días después ingresó en prisión. "No lo tenía preparado ni actuó bajo las órdenes de ningún partido político, simplemente pasaba por allí".
Lo asegura otro de sus amigos, Alan Veyiri, de 34 años, que es kurdo de Irán y dice que su pueblo "ha sufrido tanto y tiene tanta ira que cualquiera habría hecho lo mismo". Así lo cree también Rizan Zeeto, un protésico dental de 30 años que salió de Siria hace unos meses y que plantea "cuáles serían los cargos si fuera español".
Como algunos juristas y asociaciones de derechos humanos, sus amigos consideran "desproporcionado" los delitos de los que se acusa a Hokman -contra la comunidad internacional, injurias y resistencia a la autoridad- ya que, dicen, "fue un insulto, un gesto de que no lo queremos aquí".
Sin embargo, prefieren "que cumpla la condena en España porque si regresa a Siria lo encarcelarán o lo matarán antes o después". Lo mismo piensan los padres y los dos hermanos de Hokman, con quienes Ahmed habla asiduamente. "Están muy preocupados y sólo nos piden que intentemos que no lo devuelvan allí".
Hokman abandonó su pueblo natal, en la provincia siria de Halab, donde trabajaba como camarero, en 2005 y el Gobierno español le concedió asilo político. Ahora podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de cárcel, y sigue teniendo pendiente su regularización en nuestro país.
