Son los casos más graves pero no los únicos:36 de cada mil empleados andaluces sufrieron el año pasado algún tipo de accidente laboral. La seguridad es un derecho del trabajador y preservarla una obligación del empleador que, de incumplirla, incurre en delito. Sin embargo, los sindicatos denuncian que una de cada cuatro empresas incumple la ley de prevención y un 30% de los trabajadores no tiene protección al respecto, incumplimientos que aún llegan en poca medida a los tribunales, donde el año pasado se incoaron 5.666 causas (52 por homicidios, 5.589 por lesiones y 25 por riesgo) y se celebraron 126 juicios. En total, los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales (en apelación)dictaron 132 sentencias:90 condenatorias (68%) y 42 absolutorias (31,8%).
La Fiscalía denuncia cierta benevolencia de los jueces en estos casos ya que "tienden a imponer penas inferiores a dos años" pensando en que los responsables no ingresen en prisión si es el primer delito. La fiscal coordinadora de Siniestralidad Laboral, Mari Ángeles Ayuso, destaca que se aplique este supuesto en general cuando la ley exige que "se tenga en cuenta la peligrosidad criminal" del condenado. En la práctica, ningún condenado por siniestralidad laboral a menos de dos años ha cumplido pena alguna e incluso la inhabilitación es evadida porque no se les impide ejercer su profesión sino la labor específica que desarrollaba cuando se produjeron los hechos e incluso muchos siguen ejerciendo esa misma responsabilidad bajo otro nombre.
Los fiscales especializados en siniestralidad, 21 en Andalucía, se quejan año tras año de la "lentitud en la tramitación de las causas penales" y el "atraso enorme" desde que se formula la acusación hasta que se celebra el juicio. De hecho, la mayoría de los casos juzgados en 2009 correspondían a siniestros ocurridos entre cuatro y seis años antes e incluso cuatro de ellos hace más de una década.
En procesos donde los testigos y las pruebas periciales resultan fundamentales, advierte la Fiscalía, el paso del tiempo provoca que se desvanezcan o resulten menos contundentes, y los jueces aplican la atenuante de dilaciones indebidas e incluso degradan la responsabilidad del condenado o lo absuelven.
Pese a los avances, el Ministerio Público advierte que tanto delitos ya perpetrados como situaciones de riesgo grave escapan al control judicial. Los empresarios usan todo tipo de tácticas para ello que van desde notificar como leves siniestros graves hasta negar la relación laboral con el accidentado, generalmente cuando se trata de inmigrantes irregulares.
