"Cuando no pagan no pasa nada, pero las empresas cuando no lo hacemos nos sancionan por demora", se lamentó el presidente de la patronal en Sevilla, Miguel Rus, quien acudió junto a su homólogo en la regional Fadeco, Federico Muela, a Castilleja de Guzmán para visitar al empresario Antonio Díaz, de Aroa, que hace siete días se declaró en huelga de hambre a las puertas de un consistorio que, según sus cálculos, le adeuda 555.887 euros.
Sus quejas fueron más allá y habló directamente de chantaje por parte de los alcaldes. El presidente de la patronal aseguró que hay consistorios "que llegan a decir que no les pagarán a no ser que hagan otra obra". Esa espiral tiene, a juicio de Gaesco, un culpable: las haciendas locales, como responsables de "destrozar a las empresas" por "el mal uso de los fondos públicos".
Con todas esas quejas, los empresarios proponen su hoja de ruta para desatascar la situación y que pasa, entre varias cuestiones, por condicionar las ayudas y subvenciones en los consistorios que tengan deudas pendientes, exigir que se cumpla la Ley de Contratos, que demanda certificar la existencia de crédito, o modificar la misma para pedir responsabilidad a los funcionarios que no "cumplan" las normas de control financiero.
También solicitó que, "en vez de tanto plan estatal o Proteja, se acometa uno que busque salida a la deuda que arrastran los consistorios". En esa línea, señaló que el caso de esta huelga de hambre no es excepcional. Lo particular es que es "el único que, en vez de declarar la ley concursal y echar a su gente, decide luchar".
"Si no hay dinero para obras no se deberían hacer", remarcó el presidente de la patronal, que recordó que "al igual que dicen que los empresarios se tienen que adaptar a la nueva realidad, los ayuntamientos también deben tomar ejemplo". La propuesta y las quejas se hacen extensibles a toda la comunidad autónoma, como demostró la presencia del presidente de la patronal en Andalucía, quien se centró más en defender a Aroa. De este modo, reclamó que se abone el pago, y más aún porque hay una sentencia que lo obliga.
Y es que la difícil situación de los consistorios afecta duramente a su entorno, tanto a la plantilla municipal -con retrasos en algunos municipios en el pago de nóminas- como a los proveedores, que se ven pendientes de esperar casi un año, y en algunos casos más, para el abono de los servicios prestados. Desde Gaesco se desmonta el dicho de que el ayuntamiento es un mal pagador pero un buen deudor. "Por mucho que digan, ahora también es un muy mal deudor", sentenció el gerente de Gaesco.
