Local

Silencios y exculpaciones de los ERE

La comisión de investigación en el Parlamento no ofrece certezas ni pruebas pero los protagonistas se retratan.

el 25 ago 2012 / 19:33 h.

TAGS:

El caso ERE en cuatro actos y con once protagonistas. La primera semana de la comisión de investigación en el Parlamento andaluz ha dejado más preguntas que respuestas, silencios, exculpaciones de los responsables políticos y un primer relato oficial, en boca de los exconsejeros de Empleo del Gobierno andaluz , sobre lo que fue ese polémico sistema de ayudas sociolaborales y a empresas vigente durante una década.

La comisión de investigación arrancó el pasado martes muda y solo el viernes recuperó el habla. Los comparecientes han desfilado, trajeados y circunspectos, ante los grupos políticos sin responder a sus preguntas, pero aprovechando buena parte de la hora inicial de la que disponen para lanzar un alegato en su defensa. La instrucción judicial de este caso, en manos de la magistrada Mercedes Alaya, se ha solapado con la comisión política. De los doce comparecientes llamados esta semana, diez están imputados. Uno directamente no ha asistido (el exalcalde socialista de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla) y nueve se han acogido a su derecho a no responder preguntas para no perjudicar su defensa en la vía penal. El único que aun estando imputado ha accedido a responder a todas las cuestiones ha sido el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, castigado con cuatro meses de cárcel. Mucho más delgado, hizo un enorme esfuerzo en su intervención final, en una clave absolutamente personal, para que no se le quebrara la voz. "Menos la vergüenza y la dignidad, que eso no me lo quita nadie, lo he perdido todo", denunció en una feroz crítica a la decisión de la jueza Alaya -corregida por la Audiencia Provincial- de dictar prisión incondicional sin fianza.

Fernández, acusado de malversación, prevaricación y cohecho, se quejó duramente de la decisión adoptada por la comisión que obliga a los comparecientes a permanecer en la sala y oír todas las cuestiones de los grupos políticos aunque no vayan a contestar. Incluso habló de "coacción". Finalmente y para no permitir la lectura de que "el que calla otorga", respondió a todas y cada una de las preguntas formuladas. Algunas muy duras. Hasta hoy ha sido el que más ha colaborado.

El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), dejó claro que la decisión de obligar a los comparecientes a que permanezcan en la sala es inamovible. El exdiputado socialista Ramón Díaz llegó a amenazar con una denuncia contra el Parlamento y amagó con irse pese a ser advertido de un delito de desobediencia . Esto motivó el primer día un agrio debate (a puerta cerrada) de los grupos políticos. Sólo el PSOE, en un complicado papel, apostó porque las preguntas no se formularan y se entregaran por escrito. La comisión, destinada a depurar responsabilidades políticas, se hubiera convertido en una sucesión insoportable de monólogos exculpatorios de quienes han estado en el corazón de la Consejería de Empleo durante la pasada década. Afortunadamente, las tesis de PP e IU han prevalecido.

No obstante, los socialistas, para no incomodar a quienes han sido hasta antes de ayer altos cargos y diputados de su partido, evitan formular la pregunta. Solo han cuestionado a Francisco Javier Guerrero y a Antonio Fernández. Al primero le lanzó tres cuestiones del Trivial para niños. Ejemplo: "¿Fue usted director general de Trabajo de 1999 a 2008?". Ante la sorna, los socialistas explicaron que trataban de demostrar que nunca fue alto cargo con José Antonio Griñán como presidente.

Sin duda, la estrella mediática de la comisión ha sido Guerrero , que disfrutó de unas horas de libertad después de cinco meses entre rejas. Su silencio fue de lo más elocuente. Aprovechó su intervención para apuntar directamente a sus superiores. "Muchos no imputados pueden resolver sus dudas. Suerte con ellos". ¿Se puede decir más con menos? Tres minutos le faltaron para implicar a todo el Gobierno andaluz en la trama. Justo la estrategia contraria seguida por los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández . Ambos coincidieron en defender que habían delegado todas las competencias para la adjudicación de ayudas en su director general. Depositaron toda la culpa en su subordinado , para indignación de PP e IU. Incluso Fernández animó a buscar una sola subvención con su firma. Y además en ambos casos dieron a entender que a Guerrero lo conocían de vista. El exalto cargo se mantuvo casi diez años en su puesto. Fernández lo cesó. No vio nada extraño, alegó, y lo relevó porque remodeló su equipo. Viera dijo que lo mantuvo porque le hablaron bien de él empresarios y sindicatos. Guerrero, el hombre que durante una década manejó 647 millones de euros de fondos públicos, que solía despachar en los bares de copas, entre gin-tonic y gin-tonic, y de quien su exchófer declaró ante la juez que tenía una seria adicción a la cocaína que pagaba con dinero público, debía de ser el hombre invisible de la Consejería. Nadie lo conoce personalmente, ninguno de sus jefes supo de su vida a todo tren. Era toda discreción. Un rasgo del que precisamente no ha hecho gala ni ante la jueza ni ante el Parlamento. Es simpático y llamativo hasta decir basta. Los periodistas coinciden en que genera síndrome de Estocolmo. Durante la comisión, el PP se burló de la ostentosa manera en la que Viera y Fernández se desvincularon de "su" director general. Ambos exigieron que no se usara el posesivo y alegaron que no lo nombraron sino que lo "ratificaron". IU les preguntó si no se sentían responsables políticos por su culpa in vigilando. No dieron, desde luego, signos de ello. Incluso en el caso de la "lluvia de millones" repartida en la Sierra Norte (de 73 millones otorgados a empresas en toda Andalucía, 50 fueron a esa comarca sevillana), el exdirigente del PSOE de Sevilla -vinculado a la zona- apuntó a Guerrero, natural de El Pedroso, el pueblo más agraciado por esta lotería de subvenciones. Viera también negó que supiera que su hija, ("una gran profesional") estuviera en una empresa beneficiara.

La comisión parlamentaria, a la que el PSOE se resistió con uñas y dientes la pasada legislatura, ha permitido a los exmiembros del Gobierno andaluz enjaretar un relato sobre el famoso fondo ERE. Los exconsejeros, de la etapa de Manuel Chaves y enemistados con el actual núcleo duro de José Antonio Griñán, han defendido que no era dinero "oculto" ni "opaco" y que estaba cada año recogido en el Presupuesto, que elaboraba el Gobierno y aprobaba el Parlamento, dándole así -aseguran- "validez legal". Todos los partidos debían saberlo, insistieron. No hay "fondo de reptiles", sino una partida presupuestaria (la 31.L) que cada memoria presupuestaria explicaba. En 2001, y para atender con más agilidad "el drama" de los trabajadores azotados por la crisis, esas ayudas salieron del circuito oficial y pasaron a pagarse a través del IFA (después sería la Agencia IDEA). No había norma que regulara las subvenciones ni un registro de solicitudes, admitió Fernández. ¿Cómo se daban? Se "detectaba un problema" y se daba la ayuda, dijo. Las aseguradoras, que se llevaron desorbitadas comisiones y los sindicalistas eran siempre los mismos. Un sistema "clientelar y caciquil", para el PP, "Perverso", para IU. La mejor manera, según el PSOE, de ayudar a miles de trabajadores.

  • 1