Desde hace casi un mes el Gobierno y la Junta trabajan para lograr "una solución [para la devolución de las competencias sobre el Guadalquivir al Estado] que guste a todos". El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, volvió a repetir ayer esta frase en Cádiz cuando le preguntaron por la comisión mixta que decidirá qué competencias permanecen en Andalucía y cuáles vuelven a Madrid, y cuál es el coste efectivo de todo lo que se transfiera al Estado. Esa cifra no sólo se medirá en los millones necesarios para gestionar las competencias transferidas. También se contabilizará el número de funcionarios y laborales que seguirá dependiendo de la Agencia Andaluza del Agua y los que regresan a la tutela de la Confederación Hidrográfica y los edificios que cambiarán de manos.
El inmenso volumen de transferencia y la complejidad técnica del acuerdo es lo que esgrimen desde el Gobierno central para explicar por qué, a cuatro días para que expire la encomienda de gestión del río, Andalucía y Madrid aún no han cerrado el nuevo reparto de poderes. "Hay un preacuerdo político que está claro, pero siguen buscando una solución técnica", explicaron fuentes del Gobierno. En la misma línea se expresó la secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz.
En la última comisión bilateral Junta-Estado se acordó que Andalucía mantendría algunas de las competencias exclusivas sobre el río, y además estaría presente en el "cuadro de mandos" en aquellas competencias que volvieran a ser gestionadas por el Gobierno. El Tribunal Constitucional anuló el artículo del Estatuto andaluz que delegó a esta comunidad autónoma las competencias exclusivas sobre el Guadalquivir.
Los jueces consideraron que se había quebrado la unidad de la cuenca, y su sentencia dejó en el aire todas las decisiones administrativas que había tomado Andalucía durante los dos años que estuvo gestionando las políticas del agua. La Junta perdió el 100% de sus competencias y aspira a recuperar al menos el 50% a partir del consenso con el Gobierno, según admitieron fuentes del Gobierno regional.
La mayor complicación, afirman estas fuentes, será el reparto de personal. Cuando se firmó el decreto de traspaso, en 2008, constaban 849 puestos de funcionarios y laborales, aunque Andalucía ha venido trabajando con una plantilla de 735. Se sabe que más de un centenar -la policía del agua- se quedará en la comunidad, porque así lo establece la recién aprobada Ley estatal de Aguas. Pero del resto aún no se sabe. Con todo, el Gobierno de Murcia estudia recurrir ante el TC la reforma de dicha ley, al entender "que descompone íntegramente el principio de unidad de la cuenca", el mismo argumento que se utilizó para tumbar las competencias andaluzas del Guadalquivir.
