Los fiscales Medioambientales de Andalucía y el Defensor del Pueblo mostraron ayer su temor a que se "relajen" por la crisis las medidas de protección medioambiental, por ejemplo, con la concesión de autorizaciones a industrias potencialmente contaminantes. Por ello, colaborarán para vigilar el cumplimiento de la norma y pidieron "diligencia y rigor" a la Junta tanto en la concesión de autorizaciones como en la labor inspectora y sancionadora, según las conclusiones de las jornadas sobre delitos contra el medio ambiente, el patrimonio y la ordenación territorial celebradas en Granada.
Aunque alabaron la mayor concienciación contra las construcciones ilegales, advirtieron que aún persiste la sensación de "cierta impunidad" y denunciaron que "llama la atención" que algunas agresiones que han motivado la intervención de fiscales y jueces, pese a su entidad, "no habían sido denunciadas ni por los responsables municipales, ni por las autoridades autonómicas", a quienes recordaron su deber de vigilar y perseguir.
Apelaron a que las empresas suministradoras de las constructoras no faciliten sus servicios sin que previamente las edificaciones cuenten con las autorizaciones exigibles, y que notarios y registradores "extremen" el rigor para impedir las parcelaciones ilegales en el suelo no urbanizable.
