Cuando el pasado mes de diciembre el gobierno local del PP elaboró sus primeros presupuestos, introdujo como uno de los grandes logros del equilibrio de las cuentas de 2012 el que, pese a la crisis, la inversión pública se triplicaría durante el presente ejercicio. Se iban a alcanzar los 15,5 millones de euros, un presupuesto que, sin permitir grandes obras ni proyectos, sí debía ser suficiente para afrontar esos compromisos de micropolítica con los que llegó Juan Ignacio Zoido a la Alcaldía: mejoras de los parques, reformas de colegios, reurbanización de zonas deterioradas o incluso medidas para la mejora de las vías públicas, con los carriles bus incluidos.
El compromiso tuvo desde el principio un difícil encaje en unos presupuestos municipales que recibían una complicada herencia tanto por errores de gestión que se cometieron en el anterior mandato como por la situación que atraviesan las administraciones locales. La respuesta la encontró el Ayuntamiento en el mismo sitio donde el anterior gobierno la buscó sin éxito en los últimos años del pasado mandato: en el patrimonio municipal. Se optó por volver a recurrir a dos complejas operaciones inmobiliarias, las enajenaciones de la Gavidia y Los Pajaritos, y a la venta de los objetos del Alfonso XIII para obtener los fondos necesarios para realizar una inversión pública que, además de necesaria, permitiría un mínimo lucimiento político del gobierno local. Se asumía un riesgo. Y así lo advirtió hasta el interventor municipal en un informe en el que alertaba de que esos gastos no se podrían ejecutar mientras no se hubieran realizado las ventas.
Cuando está a punto de cumplirse un año de gobierno, el reparo planteado por la Intervención municipal ha acabado por revelarse como cierto. Incluso aunque la Junta de Andalucía cambiase su postura respecto a la operación de venta de la Gavidia y la Alameda (ambas por cierto vinculadas por el gobierno local en un mismo expediente de modificación del PGOU) ésta no tiene margen para realizarse en el año en curso y, por tanto, difícilmente se podrá contar con los casi 14 millones de euros que se preveían ingresar, una situación que se complica aún más si se tiene en cuenta que la fórmula escogida para realizar la operación para convertir la antigua comisaría en un centro comercial implica renunciar a la venta del segundo de los edificios incluidos en los presupuestos de ingresos, la sede de Los Pajaritos, por la que se preveían recaudar casi cinco millones de euros. Sólo queda por tanto la subasta de los artículos del Alfonso XIII por la que se han conseguido 200.000 euros de los 367.245 con los que se contaban.
La lista de renuncias ante esta situación es larga. Una veintena de proyectos aparece, la mayor parte del presupuesto de inversiones, vinculada a los 18,7 millones de euros que se querían conseguir al vender estos inmuebles. No hay en estos momentos dinero para completar la peatonalización de Isabel la Católica y los Jardines de la Madrina; tampoco para implantar las redes de riego de Amate y Los Príncipes, ni para los equipamientos previstos en el Parque García Lorca o las mejoras en Torneo y los márgenes del río. No hay más que 246.787 euros para reformar colegios, ya que 2,9 millones de euros se han quedado bloqueados; ni están los 2,5 millones de euros con los que Movilidad contaba para implantar la red de carriles bus en la ciudad que fue asignatura pendiente del anterior gobierno y que puede volver a serlo del actual. Y no será la única incidencia que tendrá sobre Tussam, ya que el Consistorio tiene paralizados 4,7 millones de euros de transferencias de capital a la debilitada empresa de transportes que, de momento, no se le pueden aportar.
Si se toman como referencia las declaraciones realizadas desde el inicio del mandato por el gobierno local sobre el estado de las cuentas del Ayuntamiento, una vez frustradas estas operaciones este año (y puede que definitivamente dado cómo se ha planteado el expediente de modificación del PGOU y los avisos ya realizados por dirigentes de PSOE e IU) no debe de haber fondos en el Consistorio para hacer frente a unas inversiones que quedarán ya para 2013. Aunque un precedente ya hay. Nada hacía presagiar que en menos de un año iba a encontrar la Gerencia de Urbanismo 23 millones de euros disponibles para ejecutar de forma inmediata la SE-35 y cumplir así con las necesidades de Ikea para implantarse en San Nicolás Oeste. Pero así ha sido. Quedaba dinero de los sistemas generales no ejecutados ni siquiera en las setas de la Encarnación y para proyectos que llevan años aparcados. Y para este gobierno local, por encima de otros gastos o inversiones, la prioridad ha sido la infraestructura para la multinacional sueca. Es, ante la previsible paralización de los parkings del centro y de una gran superficie comercial en el casco histórico, la gran apuesta que tiene ahora mismo ser el gobierno local con opciones de salir adelante en este mandato: ser la administración que consiguió una nueva tienda de Ikea y una gran superficie comercial a su alrededor.
