Si los comicios generales dieron juego al libertinaje de la lengua, en los andaluces, hasta ahora, no. Quedan, eso sí, cuatro días de traca final, en los que aún cabe esperar de todo porque a todo nos tienen acostumbrados los políticos. Al margen de los eslóganes sobre cuestiones de actualidad, siendo los ERE fraudulentos, la reforma laboral, el copago en sanidad y los recortes sociales las más socorridas, para esta cita regional con las urnas los mitineros han escatimado en chistosas perlas, frecuentes sustitutas de la enriquecedora dialéctica cuando ni tienen ni saben qué decir. Son conscientes de que la comunidad y su millón largo de parados no están para gracias y, por tanto, cualquier estúpida salida de tono podría espantar a los aún indecisos -que son masa y quienes realmente decantarán el resultado final en estos comicios-, empujándolos a votar al adversario. De incumplimientos, de unos y otros, y de engaños, de unos y otros, está la ciudadanía hasta las narices, así que no se las toquen más...
Lo que nunca falla por parte de los socialistas es el discurso del miedo que, en Andalucía, tiene su máxima expresión en el antiguo PER y el subsidio agrario aparejado. Desde que surgiera, allá por principios de los ochenta, el sistema de protección de los trabajadores eventuales del campo de esta comunidad y de Extremadura, en todas las convocatorias electorales han amagado con la oportunista amenaza de su extinción por parte del PP si éste alcanzaba el poder. Ya está bien, ¿no?
Uno, que es de pueblo y conoce los entresijos del PER en sus distintas denominaciones, no puede dejar de preguntarse si serán necesarios otros treinta años, que son los que acumulan los socialistas en la Junta de Andalucía, para que la actual necesidad -y reitero, necesidad- del subsidio agrario, que reciben 123.600 jornaleros en esta región, se reduzca al mínimo porque efectivamente haya un entramado productivo suficiente que compense la carestía y la temporalidad intrínsecas a las labores del campo y evite, pues, esa dependencia de las prestaciones públicas.
El PP no cuestiona el PER. No se atrevería, como tampoco se atreverían los populares del norte plantear la radical desaparición de las ayudas a la minería del carbón, ni tampoco los catalanes a las subvenciones otorgadas a sus industrias textil y automovilística. Es más, el candidato andaluz del PP, Javier Arenas, reformó, pero no erradicó, la protección agraria cuando fue ministro de Trabajo en tiempos de José María Aznar. De justicia es recordarlo y reconocerlo, como también lo es admitir que el sistema tiene imperfecciones que se deben corregir a través de esa palabra hoy tan maldita llamada reforma.
Sacar otra vez a relucir el PER resulta, pues, un intento desesperadísimo del PSOE-A para extender el miedo en los últimos días de campaña, como también han sido desesperadísimas esa lluvia de millones y millones anunciada por la metereóloga ministra de Empleo, Fátima Báñez, y su llamada a la fibra sensible de las raíces, soy andaluza, para sentenciar que ni un euro de recorte habrá para Andalucía. Quizás si unos, los socialistas, y otros, los populares, salieran de despachos, plazas de toros, hipódromos, teatros y demás variopintos lugares de verborrea mitinera y se dieran una vuelta por el campo -que está asqueroso por una sequía de la que, por cierto, ni hablan ni se preocupan-, comprenderían realmente el sentido del PER más allá del mero rédito electoral. Se dejarían, entondes, de tantas estupideces y tonterías.
