La falta de fondos pone en riesgo la aplicación del plan provincial de obras y servicios para este año. La Diputación ha recibido la notificación de Madrid de que los presupuestos generales del Estado no contemplan partidas para este programa, que se aprobó en el pleno del pasado febrero y que contaba con una inversión de 5,1 millones, de los que 2,4 los tenía que aportar la administración central. El resto lo ponían la Diputación de Sevilla (1,7) y los propios ayuntamientos (un millón).
Esos planes provinciales se dedican a la ejecución de obras menores de infraestructuras básicas, como el arreglo del alcantarillado, acerado de calle o mejora de los suministros. "La mayoría de las urbanizaciones de los pueblos están en condiciones, pero quedan muchos pellizcos y ahí entra el plan de obras y servicios", manifestó el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. La ausencia de esas partidas merma las posibilidades de desarrollo de un programa que ya había sufrido un drástico recorte del 32% cuando se aprobó en el pleno de febrero.
Aunque se trate de obras menores, desde la Diputación se advierte de que una ausencia continuada de estas partidas puede acarrear dificultades. "Como no haya dinero para estos planes en tres o cuatro años, puede suponer un grave problema para el desarrollo de los municipios", recalcó Villalobos, que avanzó que el ente provincial "podría hacer un esfuerzo para que no faltara este año", pero sólo como una medida excepcional que no se podría aplicar en ejercicios posteriores. Por eso, se espera que en el periodo de tramitación se pueda solventar este escollo y se destinen más partidas a la Diputación para, al menos, mantener programas cofinanciados como es el caso del plan provincial de obras y servicios y red viaria.
La preocupación de Villalobos se extiende al resto de diputaciones de todos los colores políticos. Prueba de ello es que este miércoles, la comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se reunió en Valencia, acordó solicitar a la FEMP que presente alegaciones a los presupuestos del Estado para que se incluya una partida similar a la que se recibió en 2011, según informó el diputado de Concertación y portavoz del PSOE en la corporación provincial, Manuel Domínguez, que asistió al encuentro de las diputaciones. Domínguez reconoció que en la reunión todos los representantes, cuya mayoría ostenta el PP, solicitaron fondos para estos planes, "pero otra cosa es cómo se trasladará esta reclamación".
También se alertó en este encuentro de que los presupuestos no contemplan una partida para los planes de cooperación para los pueblos de menos de 10.000 habitantes, por lo que "se acordó solicitar a la FEMP que presente alegaciones a las cuentas para que se incluya partida para estos planes". Además de dinero, en la comisión de Diputaciones se habló del papel de estas instituciones, que según se indicó deben dedicarse a trabajar por los municipios de menos de 20.000 habitantes. En el encuentro se rechazó que desaparezcan municipios "porque no es cierto que con esa medida se ahorre", según el diputado socialista. Asimismo, se puso sobre la mesa cuáles deben ser las competencias de las diputaciones.
MÁS PELEA A VUELTAS CON EL PER
La queja de la Diputación por las cuantías que llegan de Madrid se suma a la que, desde hace más de un mes, se viene produciendo en relación a las ayudas al antiguo Plan de Empleo Rural (PER). El nuevo capítulo se vivió ayer, cuando Villalobos, que también es miembro de la comisión regional de seguimiento de los fondos del Pfoea en Andalucía, informó de que la comunidad no recibirá la cantidad de 216 millones, como se comprometió la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, en la campaña de las elecciones andaluzas, sino que "Andalucía y Sevilla recibirán la misma cantidad que en 2011, lo que demuestra que, en su desconocimiento de la realidad rural y sus intereses partidistas, incluyeron los fondos de otras comunidades". "No existe ni tan siquiera la subida prevista del IPC", recalcó el presidente de la Diputación, que ya solicitó partidas especiales por parte del gobierno central para mitigar la situación por la que atraviesan los campos por la sequía y la bajada de precios de los productos. Hasta avisó de que esa cuantía, de unos 140 millones, podría suponer una reducción de los jornales, contabilizados en 18.000 el año pasado.
El PP reaccionó una vez más ante esas acusaciones. Su portavoz en la Diputación, Eloy Carmona, acusó a Villalobos a emprender una política "basada en el enfrentamiento". Al hilo de ello, se mantuvo firme en su defensa de que la inversión para el antiguo PER es de 215 millones frente a los 147 de 2011, con lo que se garantiza "más la política social con este incremento del 70%".
