Las muertes por ahogamiento en Andalucía se han disparado este verano. Seis en un fin de semana es una negra cifra. Los expertos advierten del "vacío legal" que existe y que deja muy en el aire qué medidas deben adoptar los ayuntamientos para garantizar la seguridad de los bañistas.
¿Qué está pasando en las playas andaluzas? El balance de muertes por ahogamiento cada fin de semana ha arrojado datos muy similares a las víctimas de tráfico. Cuatro bañistas murieron el domingo en aguas de la comunidad. Tantos como en todo el mes de julio. Andalucía no es una excepción en el país. Los datos abren la reflexión: quién vela por la seguridad de los bañistas.
Encontrar respuestas no es fácil. Las competencias de playas están repartidas y fragmentadas por múltiples administraciones, que se pelotean las responsabilidades. Los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos... José Palacios, profesor de Salvamento Marítimo de la Universidad de La Coruña y uno de los expertos españoles con más crédito en esta materia, arroja luz. Las competencias sobre la seguridad de los bañistas son de los ayuntamientos.
Pero hay un "vacío legal preocupante", advierte, ya que está muy en el aire cómo éstos deben ejercer esta vigilancia.
Es un breve artículo de la ley de costas, de 1988, el que deja la seguridad de los bañistas en manos municipales. Es competencia de los ayuntamientos, reza, "mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas". Nada más.
"Cada ayuntamiento puede interpretar la ley como quiera. Ninguna normativa especifica cuántos socorristas deben existir por kilómetros de playa o en qué deben consistir las condiciones de salvamento, socorrismo, prevención y profesionales en las playas", explica Palacios, que es también vicepresidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que desarrolla los programas europeos para otorgar las banderas azules a las playas. Precisamente este distintivo de calidad es el único que garantiza que una playa es segura. Para recibir una bandera azul hay que cumplir con unos requisitos en cuanto a puestos de salvamento, socorrismo y profesionales trabajando en las playas "en lugar de los voluntarios a los que recurren muchos municipios" -advierte Palacios-.
Pero la bandera azul sólo la tienen 47 playas andaluzas. Son las únicas donde un bañista se puede dar un remojón con garantía, explica el portavoz de Adeac. Ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas inspeccionan ni vigilan qué medidas adoptan los ayuntamientos en el resto de playas. Cada uno hará lo que quiera. "Y no me importa decirlo, muchos municipios del litoral se gastan más en las fiestas que en garantizar la seguridad de sus ciudadanos", lamenta el experto.
También la Federación Andaluza de Consumidores (Facua) estudia, a través de sus servicios jurídicos, cómo se puede paliar la ausencia de una normativa. "Estamos analizando si tiene cabida exigir a la Junta de Andalucía que elabore un reglamento con las normas de seguridad para las playas", informa Facua.
Otras comunidades como Galicia ya lo han hecho, aunque la ley no obliga a las autonomías a cubrir el actual vacío legal que denuncian los expertos. La Xunta gallega reguló esta materia en un Plan de Salvamento de las Playas de Galicia. La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía eludió ayer responder si sus planes de emergencia incluyen o incluirán en un futuro algún tipo de regulación sobre cómo deben ejercer los ayuntamientos estas competencias. Hoy, cada alcalde decide qué se necesita para salvar una vida.
