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Sin padre y en la ruina

Los hijos de Virgilio Castilla, el presidente socialista de la Diputación de Granada en 1936, reclaman al Estado la multa de 250.000 pesetas que les impuso el Tribunal de Responsabilidades Políticas tras fusilar a su padre.

el 03 nov 2010 / 21:40 h.

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Virgilio, segundo por la derecha, junto a otros políticos republicanos en Granada.

"¿Es usted la viuda?". Así se enteró la madre de José y Carmen que la madrugada del 2 de agosto habían fusilado a su marido, Virgilio Castilla, presidente socialista de la Diputación de Granada detenido el 20 de julio, día del alzamiento militar en la ciudad. Lo siguiente fue que los militares entraran en su casa a buscar bienes para requisar.

No encontraron nada pero durante dos años y medio, su casa quedó embargada y los beneficios de la sastrería que había montado con su hermano fueron para pagar a plazos la multa de 250.000 pesetas que el Tribunal de Responsabilidades Políticas les impuso. Ahora, José y Carmen han presentado la primera reclamación patrimonial no por dinero sino "por amor propio", para que se reconozca que el Estado franquista se enriqueció indebidamente y les devuelva lo que les quitaron que, ya en euros, asciende a 262.832.

José tenía seis años cuando los sublevados se llevaron a su padre tras tomar el Gobierno civil y lo encarcelaron. "Estábamos tranquilos porque mi padre decía que él no había hecho nada", dice. Sin embargo, Virgilio Castilla fue condenado en Consejo de Guerra por los delitos de rebelión militar, provocación, inducción e instigación a la rebelión, y por insultos a la fuerza armada. Le acusaron de preparar "un amplio movimiento subversivo para implantar en la ciudad las doctrinas ruso-marxistas más avanzadas y por medio del terror" y fue ejecutado en el cementerio municipal San José de Granada.

Hoy, con 81 años, su hijo José es catedrático de Medicina Legal y Forense, ya jubilado, y no sabe exactamente dónde está enterrado su padre porque "los echaban a una fosa común pero un jardinero nos dijo que él lo movió a una tumba". Pero si bien no tiene "esa inquietud por identificar los huesos porque sé cuándo y dónde lo mataron y hay un certificado del médico", sí ha emprendido otra batalla "porque es indignante que después de dejar a una mujer viuda con dos hijos pequeños, le quiten hasta la última peseta y encima lo cobre el Estado. Lo que quiero es que se reconozca que robaron".

Y es que la Guerra Civil y la dictadura no sólo dejaron a José y su hermana huérfanos sino "en la ruina" porque en aquella época "250.000 pesetas era una cantidad enorme" que tardaron años en abonar. "Mi tío fue pagando la multa con la sastrería y nosotros sobrevivimos gracias a que mi abuelo le pasó a mi madre una pensión mensual durante ese tiempo", dice.

Una vez pagada la multa, "salió en el Boletín de la provincia una resolución que decía que los herededores de Virgilio Castilla recobraban sus bienes". Como anécdota, cuando ya en los años 70 su madre quiso vender unos terrenos de la finca familiar, en el registro aparecían aún como embargados.

La reclamación fue presentada el 21 de octubre al albur de la posibilidad que ofrece la Ley de Memoria Histórica y se basa en las dos normas que ya reconocen la devolución de bienes incautados por el franquismo a sindicatos y partidos políticos. El abogado de José, José Miguel Castillo Calvín, considera que esta reclamación "abre un camino" a otras víctimas y defiende que si la devolución de incautaciones indebidas "se ha regulado para partidos y sindicatos, sería incongruente que no se tomara la misma medida respecto a las personas físicas que fueron condenadas".

Los hijos de Virgilio ya reclamaron a finales de 2007 ante el Ministerio de Justicia la reparación y reconocimiento de la figura de su padre acogiéndose a la ley, una declaración que le fue notificada hace un año. José considera satisfecho el reconocimiento moral, gracias también al homenaje que ya en 1984 hizo a Virgilio la Diputación de Granada.

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