Las instalaciones del Ministerio de Defensa en Andalucía están a punto de eliminar todos los vestigios franquistas que aún conservan en sus paredes, en sus nombres, en sus capillas. Según ha informado en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, la "práctica totalidad" de los 405 símbolos fascistas se ha borrado ya de los cuarteles, bases y oficinas de su departamento; entre ellos se encuentran los 46 restos censados en la comunidad andaluza que, junto a Ceuta y Melilla, es el territorio donde más se loaba aún al generalísimo Francisco Franco.
El 95% de esos símbolos ya ha sido eliminado con lo que, según datos de Defensa, Andalucía será la primera región libre del recuerdo del dictador en las instalaciones de los tres Ejércitos. De esta forma se da cumplimiento al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en otoño de 2007. El gabinete del entonces ministro José Antonio Alonso elaboró a finales de ese año un inventario con todos los elementos y nomenclaturas que se debían eliminar y su sucesora, Carme Chacón, se comprometió a eliminarlos totalmente antes del final de 2009. Sin embargo, a día de hoy aún queda una veintena de símbolos por retirar o tapar.
Como explicó Méndez, se han tratado de buscar "soluciones técnicas fáciles y no costosas. Había que trabajar de forma eficaz y eficiente, con sencillez. En la medida de lo posible se han evitado las grandes obras y se ha optado por picar fachadas o por piezas de metacrilato o yeso". Estos trabajos han sido acometidos por el Servicio Militar de Construcciones, una división propia del ministerio, con lo que los costes se han reducido "a la mínima expresión". En todo el proceso se han invertido 1,6 millones de euros, algo más de 170.000 en Andalucía.
Defensa sostiene que los militares, pese al falso mito de conservadurismo, han colaborado "sin condiciones" en este proceso de limpieza de los restos franquistas. "Han elaborado los censos de forma rápida y muy activa, en todas las unidades y en todas las provincias", añade el secretario de Estado.
Pese a ello, el proceso de retirada "no ha sido sencillo" ya que cada pieza eliminada ha tenido que ser revisada, pues la Ley de Memoria impide que se destruyan o borren si la obra en cuestión forma parte de un conjunto que pueda ser considerado como artístico o si arquitectónicamente hablando sería muy dañino eliminarlo -por ejemplo, si un escudo está hecho en una piedra maciza que ejerce de pilar de una fachada-. Defensa cuenta con una comisión interna que revisa estos casos "dudosos" y, si no hay acuerdo, se le pasa el caso a otra comisión específica del Ministerio de Cultura; en el caso de Andalucía han tenido que pasar por esta inspección 16 símbolos dictatoriales, "no por recelos ni reparos de ningún tipo, sino por prudencia y respeto a los valores artísticos o históricos que en ocasiones acompañan a estas piezas".
polémica. La mayoría de los pasos dados para cumplir la ley se han concretado "con plena normalidad" y sin apenas trascendencia mediática, como ha sucedido con la retirada del águila de San Juan -el aguilucho clásico- del Cuartel de Instrucción de Marinería de San Fernando (Cádiz) o el cambio de nombre del antiguo cuartel Queipo de Llano de Sevilla por el de Pineda. Sin embargo, también ha habido pelea política. El último ejemplo es el de la retirada de un águila del cuartel Cervantes de Granada, el pasado febrero. El PP ha llevado el caso al Senado porque entiende que se hizo "sin comunicación previa" y atentando contra un edificio de "claro interés artístico", como defiende el presidente de los populares granadinos, Sebastián Pérez. Sin embargo, la Junta sostiene que el edificio no está catalogado como BIC (bien de interés cultural), que no era un elemento artístico reseñable y que cumplía, por tanto, con todas las condiciones para ser retirado.
