La decisión de la Consejería de Justicia de retirar los taxis para el Servicio de Notificaciones y Embargos de los juzgados no sólo está afectando al trabajo de estos funcionarios, que ahora tienen que moverse por toda la ciudad en autobús, sino también a las notificaciones que habitualmente se realizan a los presos de las prisiones de Sevilla y Morón.
Por mucho que la Consejería quiera recortar gastos, llegar a las prisiones en transporte público colectivo es imposible. Por ello, y tras la reunión mantenida la semana pasada en la Delegación Provincial de Justicia con el decano de los jueces, para este servicio se podía seguir utilizando de forma excepcional los taxis. Eso sí, de forma limitada. El decano, Federico Jiménez Ballester, tiene sobre su mesa una serie de vales que reparte en función de las necesidades, incluido los levantamientos de cadáveres, ya que también se ha retirado el vehículo que estaba disponible para los juzgados de Guardia.
El problema llega cuando estos vales, cuatro diarios para tres juzgados de guardia, se agotan. Es lo que ocurrió el martes, lo que obligó a Jiménez Ballester ha elaborar un informe explicando la “lamentable” situación en la que tienen que desarrollar “un servicio público”. Los vales se agotaron lo que iba a impedir que hoy se hicieran las notificaciones de libertades y otros trámites a las prisiones, con las consecuencias que ello tiene, ya que un reo puede ver retrasada su salida de la cárcel porque no hay transporte para llegar.
Dicho documento iba dirigido al presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; a la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y a los diferentes colegios profesionales relacionados con la Justicia. “Es mi deber poner en conocimiento que en caso de no proveer lo necesario para solventar los problemas ocasionados, se provocaría un gravísimo quebranto del servicio público de la Justicia, corriéndose el riesgo cierto de paralización del mismo”, dice el decano de los jueces en el informe, quien recordó a este periódico que desde el pasado 7 de septiembre los asuntos aplazados por el Servicio de Notificaciones y Embargos “superan ya los mil asuntos”, ya que sólo pueden moverse en autobús y en las zonas a las que estos llegan.
Al final ayer mismo, la delegación envió nuevos vales al decano, pero éste insiste en la necesidad de dotar al Juzgado de Guardia de un vehículo con disponibilidad las 24 horas del día y con “medios acústicos y luminosos que permitan su circulación preferente”. Mientras tanto, el decano “sólo” pide vales de taxi “suficiente” y en especial para los desplazamientos a la cárcel.
Por último, Jiménez Ballester exige en su escrito que la Junta actúe para la “inmediata sustitución del conductor que efectuaba el traslado de las demandas y escritos presentados en los Juzgados a edificios diferentes a los del Prado de San Sebastián”, servicio interrumpido desde el martes porque el “chófer está de vacaciones”.
Además del decano, los funcionarios, bonobús en mano, han mostrado sus quenas por estas restricciones, ya que es “imposible” que puedan realizar el mismo número de diligencias que antes, pues afirman que pierden mucho tiempo en transbordos y luego en llegar hasta la calle exacta en la que tienen que hacer la notificación. Por ello, los sindicatos se van a mantener hoy una reunión en la Delegación Provincial, a la que CCOO llevará como solución que en cada taxi en lugar de dos funcionarios lo ocupen cuatro.
La consejera de Justicia, Begoña Álvarez, defendió ayer la medida –con la que ahorran casi tres millones de euros–, ya que a su entender el autobús “la misma agilidad” y que incluso su velocidad “es la misma” que la que pueda alcanzar un taxi.
