Salvador Mera es conducido para prestar declaración. / EFE
Un informe de la Guardia Civil sobre los ERE fraudulentos en Andalucía afirma que altos cargos de la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, pudieron recibir regalos de la mediadora Vitalia, que iba ofreciendo dinero a todos los actores que participaban en la tramitación de los expedientes. Se trata de un nuevo paso adelante que podría extender más allá de Andalucía una investigación a la que la jueza Mercedes Alaya sumó ayer otros diez imputados, elevando a 178 los acusados en la supuesta trama de desvío de fondos públicos de Empleo y cobro de sobrecomisiones, en el que la instructora apunta ahora a los sindicatos como piezas clave.
Varios sindicalistas se encontraban también entre los siete detenidos el martes que ayer pasaron a disposición judicial para que Alaya los interrogara. La llegada de los responsables sindicales formó un revuelo a las puertas del edificio judicial del Prado, con gritos de apoyo a los detenidos y de crítica a la jueza. Estaba previsto que las declaraciones se prolongaran hasta la madrugada, algo habitual en el juzgado de Alaya, ya que el primer interrogado, el secretario general de UGT Cádiz, Salvador Mera, concluyó su declaración pasadas las diez de la noche. La juez le imputó un delito de malversación y al cierre de esta edición estaba a la espera de quedar en libertad con medidas cautelares el fiscal solicitaba 248.000 euros de fianza ya que nadie pedía su ingreso en prisión. Por la mañana, el secretario general del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, había defendido la inocencia de Mera.
En el atestado de la Guardia Civil sobre los regalos, al que ha tenido acceso Efe, se cita como posibles receptores de regalos en 2007 a María Valle, jefa de servicio de Relaciones Laborales de la Junta de Castilla y León, y a Miguel Ángel Díaz Mediavilla, director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, según un listado incautado por la policía autónoma de Cataluña al directivo de Vitalia imputado Antonio Albarracín durante el registro de su casa en Barcelona.
Desde por la mañana, un numeroso grupo de sindicalistas se concentraron en El Prado para apoyar a los detenidos. / EFE
Entre otros receptores, el atestado señala al exdirector general andaluz de Trabajo Francisco Javier Guerrero, sus dos secretarias, el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y representantes de empresas como Dhul, Cortefiel, Induyco y Altadis. Vitalia también dio regalos a Antonio Perianes, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-A, a Joaquín González Muntadas, exsecretario general de FITECA, y José Luis Montesinos, secretario general de esta federación desde febrero y sospechoso de haber intentado incluir en una póliza a una ex trabajadora de CCOO. La Guardia Civil propone que sean citados como imputados en un informe en el que indica que también recibió regalos Simón Rosado, secretario de Acción Sindical de CCOO, fallecido en 2010.
En el mismo sentido de pagos a los sindicatos en base a unos inciertos trabajos prestados, el atestado cita correos entre los acusados que muestran cómo entre los gastos externos se contempla la posibilidad de incorporar pagos del 1% a MCA-UGT de Madrid y otro 1% para los mismos de Valencia, en alusión a las federaciones del Metal del sindicato.
En otro apartado, la Guardia Civil asegura que sobre una veintena de expedientes analizados, con una prima de 120 millones de euros, se abonaron comisiones por 18 millones, que suponen un 13,6 % de promedio, cuando la media de mercado era del 4,6 %. Ello implica que se han pagado sobrecomisiones por importe de 12 millones, al parecer a los sindicatos.
