Están convencidos de que hay "una desconfianza muy grande" hacia los sindicatos de clase frente a su "independencia" por depender exclusivamente de las cuotas de los afiliados y su mayor comprensión de las necesidades de cada colectivo al ser organizaciones "estrictamente profesionales" que representan "el sindicalismo del futuro", en palabras de los líderes del Sindicato de trabajadores de Justicia, José Luis Fernández, el de auxiliares de enfermería, Cristo Barajona, o el de médicos Antonio Gutiérrez. Por ello, siete sindicatos de funcionarios sanitarios (Satse, SMA, USAE), docentes (ANPE), de justicia (STAJ), de la administración general (SAF) y de policías locales y bomberos (UPLB) han decidido hacer la guerra por su cuenta contra el recorte salarial a los empleados públicos. Suman más de 50.000 afiliados de los 250.000 funcionarios y aseguran tener más del 50% de representatividad.
La primera acción conjunta será mañana a las siete de la tarde con concentraciones en las subdelegaciones provinciales del Gobierno central. Durante el verano, cada organización realizará otras y en septiembre analizarán nuevas acciones conjuntas, ya que en principio no se suman a la huelga general convocada por UGT y CCOO para el día 29. Si decidan recurrir a esta medida de presión será "porque tengamos el consenso previo de las bases de los trabajadores, no será una huelga política", subrayó Francisco Muñoz, de Satse.
Rechazan el recorte, reclaman medidas alternativas de ahorro y exigen al Gobierno y a la Junta el "compromiso" de restablecer sus derechos y poder adquisitivo cuando termine la crisis, algo que afirman no haber "oído a ninguno de los sindicalistas que van a la Moncloa".
