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Sindicatos estudian todas las vías jurídicas, al apuntar que el decreto de Junta puede ser "inconstitucional"

el 28 may 2010 / 14:29 h.

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Los sindicatos de función pública UGT-A, CCOO-A y CSIF-A  expresaron su rotundo rechazo a los recortes de las retribuciones de  los empleados públicos de la Comunidad aprobada hoy en Consejo de  Gobierno de la Junta y aseguraron que están estudiando "todas las  vías jurídicas", no sólo el juzgado de lo Social, sino el contencioso  administrativo e incluso el Tribunal Superior de Justicia de  Andalucía (TSJA), toda vez que, a su juicio, "el decreto de la Junta  puede ser inconstitucional y vulnerar derechos fundamentales".

Asimismo, lamentaron que estos recortes "afectan a las bases  salariales y todos los complementos, incluidos los específicos, que  gestiona la Junta", y se mostraron contrarios a negociar la  progresividad de este recorte en el personal laboral, algo para lo  que han sido convocados por la Junta para el próximo lunes en  comisión de convenio.

El secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, indicó a  Europa Press que la Junta "se ha cargado la negociación colectiva" y  expresó su "indignación e impotencia" por esta medida, toda vez que  "se podría haber recortado antes de otras partidas y no afectar a las  nóminas, como luchar contra la economía sumergida o quitarle a los  que más tienen, ahí debería haber sido la Junta más valiente", a lo  que se suma el hecho de que "el recorte no ha sido previamente  negociado con los sindicatos".

"Se ha cargado la negociación colectiva", se lamentó Tirado, que  aseguró que una vez que tengan en su poder el decreto lo estudiarán   "y veremos las posibilidades jurídicas que nos permita, estudiaremos  todas las posibilidades e incluso comprobar si es inconstitucional,  pues la Carta Magna recoge el derecho de que nadie puede renunciar a  su salario ni se le puede descontar".  

Precisó que el conjunto del decreto podría impugnarse ante el  contencioso administrativo, al afectar a los funcionarios y personal  estatutario, mientras que aquellos convenios de las empresas públicas  y que afecten al personal laboral se podrán denunciar ante el juzgado  de lo Social. "Estamos haciendo todos los estudios jurídicos",  aseveró.

Tirado además precisó que acudirá a la comisión de convenio  convocada para el lunes con la idea de negociar la progresividad que  se aplique en el personal laboral, aunque van a expresar su rechazo  "de plano" a esa medida, ya que "no vamos a negociar cómo se aplica  el decreto a este colectivo, no vamos a entrar en el juego de ver  cómo se ejecuta esta medida, no queremos ser partícipes".

Destacó que UGT ha pedido a sus trabajadores que trabajen "más y  mejor que antes", toda vez que espera que este recorte "no suponga  una merma en los servicios públicos" y recordó que en el caso de las  empresas públicas el recorte del cinco por ciento, si no se alcanza  un acuerdo con los sindicatos, vendrá de un recorte en el presupuesto  asignado o las subvenciones por parte de la Junta.

Por su parte, el secretario general de FSC CCOO-A, Felipe Falcó,  aseguró a Europa Press que el sindicato "no descarta absolutamente  nada" desde la perspectiva judicial y recordó que el real decreto ley  a nivel nacional se recurrirá ante el Tribunal Supremo, al existir  una "ruptura de la negociación colectiva y un incumplimiento del  Estatuto Básico de la Función Pública".  

En ese sentido, precisó que el decreto de la Junta "también  vulnera los derechos de los trabajadores, por lo que podría ser  recurrido ante el TSJA". Agregó que se presentarán contenciosos  administrativos ante la Junta y también ante el resto de  administraciones públicas, y demandas ante el Juzgado de lo Social en  contra de los convenios de personal laboral que apliquen el recorte,  por incumplimiento de convenio.

CCOO anunció que también acudirá el lunes a la comisión de  convenio para negociar la progresividad de la bajada del cinco por  ciento en el personal laboral, aunque advirtió de que "no  colaboraremos en ello y no vamos a negociar nada".

INSTRUCCIONES POR ESCRITO

Lamentó además la actitud de la Junta "que reconoce que se trata  de una situación injusta y triste, pero se ha apresurado a aplicarlo  con entusiasmo e incluso parece que va más allá". "Es algo ridículo  que una persona diga esas cosas para acabar con la negociación  colectiva", agregó.  

Añadió que la Junta "va a mandar instrucciones por escrito a los  gerentes de las empresas públicas para que convoquen a los comités de  empresa y negocien la bajada de sueldos".

"Esto es una barbaridad y no lo entiende nadie", se lamentó Falcó,  quien recordó que la Junta tiene competencias sobre complementos  específicos.

Por su parte, la responsable de Autonomía de CSIF-A, Alicia  Martos, indicó a Europa Press que "se está estudiando jurídicamente a  todos los niveles al ser posible que se vulnere la normativa  constitucional, toda vez que se está vulnerando un derecho  fundamental consagrado constitucionalmente, que sólo puede ser  modificado por ley orgánica, no por decreto ley". "La negociación  colectiva es un derecho constitucional y sólo puede ser cambiada por  una medida orgánica", aseveró.

"Estudiamos todas las medidas judiciales que puedan estar al  alcance y ver las consecuencias judiciales a todos los niveles",  aseveró Martos, quien también precisó que en la comisión de convenio  para el personal laboral prevista para el lunes, el sindicato  asistirá, "pero no va a participar en negociación alguna en relación  con estos recortes, pues negamos la mayor".

Asimismo, criticó la "falsa progresividad, mal entendida", de  estos recortes, toda vez que "aplicando esa progresividad, a más de  un funcionario y personal laboral se le recortará más que a los  directores generales o delegados provinciales, algo muy fuerte,  cuando sus retribuciones no tienen nada que ver".  

Lamentó que la Junta es competente sobre algunos complementos, por  lo que "tenía margen de maniobra sobre algunos complementos y podría  haber paliado en algo esos recortes, pero no lo ha hecho y además  

lo ha engordado".

DATOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

Asimismo, según datos facilitados a Europa Press por FSP UGT-A, la  Junta posee 257.234 empleados públicos, de los que 42.181 se hallan  en las consejerías y sus organismos autónomos, 110.356 se hallan en  la docencia no universitaria, 96.047 trabajadores son del Servicio  Andaluz de Salud y 8.650 trabajadores pertenecen a la Administración  de Justicia.

Además de los 257.234 trabajadores de la Junta, 166,611 son  funcionarios de carrera, 28.018 son personal laboral y 62.605  corresponden a otro tipo de personal.  

Los sueldos base para el personal funcionario y personal laboral  oscila entre los 1.161,3 euros de grupo A y los 548,47 euros para los  del grupo E, a los que se les debe añadir "innumerables complementos"  que, para los sindicatos "hace imposible saber el grado de recortes  que se acometerán en la Comunidad".

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