Los sindicatos de justicia rechazaron ayer en bloque el borrador del decreto que regulará la estructura y organización de la Oficina Judicial en Andalucía, al entender que incluye aspectos de las condiciones laborales de los funcionarios que están sujetos a la Negociación Colectiva.
La Junta debe desarrollar la normativa estatal para desplegar la nueva organización de los juzgados, en los que trabajan los jueces -dependientes del Consejo General del Poder Judicial-, los secretarios judiciales, que asumen ahora más funciones -dependientes del Ministerio de Justicia- y los funcionarios de gestión procesal, tramitación y auxilio judicial, que en Andalucía son unos 7.500 y dependen de la Junta. Los sindicatos entienden que esta normativa debe ser un decreto marco aséptico, que no limite la posibilidad de negociar las condiciones en las futuras Relaciones de Puestos de Trabajo. A la espera de los resultados de las elecciones sindicales de hoy en Sevilla, el sindicato mayoritario es CSIF, seguido de USO, CCOO, UGT y STAJ.
La Junta envió el borrador del decreto a los sindicatos el 27 de mayo y el lunes se lo entregó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que está abierto al trámite de audiencia para que cualquier organización haga alegaciones. Su intención es aprobarlo antes de fin de año e iniciar el despliegue de la Oficina Judicial en enero "de manera gradual y progresiva" y "en función de las necesidades organizativas y técnicas, así como de las disponibilidades de infraestructuras y presupuestarias", según el texto. Una de las quejas de los sindicatos es la falta de concreción presupuestaria para aplicar una reforma que amplía los servicios comunes, con personal no asignado a juzgados concretos, para las partes del proceso que no requieren la intervención del juez.
