La Junta prevé tener en diciembre un borrador de la reforma de la Ley de Turismo. Sindicatos y empresarios hicieron ayer sus propuestas y coincidieron en que la Consejería de Turismo debe asumir capacidad de decisión sobre el suelo turístico y sus usos. Ahora deciden básicamente Obras Públicas y los ayuntamientos.
La ley actual, aprobada en 1999 -al con el PA dirigiendo la política turística cuando gobernaba en coalición con el PSOE- nació, según los sindicatos, con un déficit en materia territorial, al centrarse sólo en la gestión de los servicios turísticos pero dejar todas las decisiones sobre el suelo en manos de los municipios con la supervisión de Obras Públicas y el preceptivo informe medioambiental. La consecuencia es que en algunas zonas de la Costa del Sol, como Torremolinos, o las playas onubenses como Punta Umbría, han cerrado hoteles pero en su lugar no se han establecido otros servicios turísticos sino urbanizaciones residenciales que, al auspicio de la ley de arrendamientos urbanos, hacen la competencia ilegal a apartamentos turísticos que sí están reglados, según los representantes de UGT y CEA en la Mesa de Turismo, Rafael Navas y Miguel Sánchez respectivamente.
La Mesa, en el que participan los empresarios, los sindicatos y la Junta, se reunió ayer para analizar la reforma de la ley. La Junta prevé tener un borrador en diciembre y UGT, CCOO y CEA presentaron sus primeras propuestas.
Sindicatos y empresarios coincidieron en destacar la necesidad de que la nueva ley entre a regular temas de suelo en consonancia con la normativa sobre ordenación urbanística, para que la Consejería de Turismo participe en las decisiones sobre el suelo terciario destinado a usos turísticos. Se trata de impedir que los cambios de uso y las operaciones urbanísticas permitan proliferar de manera "descontrolada" viviendas turísticas ocasionales y se "cuelen" apartamentos "no reglados" que hacen la "competencia desleal" a los alojamientos turísticos, destacaron Navas y Sánchez.
Otras reivindicaciones. Desde UGT, además de la regulación de los apartamentos que esquivan el decreto de alojamientos turísticos, Navas reclamó el desarrollo del decreto de restauración, un sector que ocupa al 51% de los trabajadores turísticos y que sólo cuenta con una orden que data de principios de los 80.
Por su parte, desde la CEA, Miguel Sánchez reclamó que se amplíen y clarifiquen como servicios complementarios el transporte turístico y las actividades de ocio, incluir en la ley la figura de los campos de golf de interés turísticos (que aparece en el decreto de golf) así como los equipamientos de Inturjoven, las residencias de tiempo libre o los puertos deportivos y una revisión de las restricciones que en los espacios naturales "desaprovechan usos turísticos que se pueden ofertar en estos parajes".