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La crisis ‘devora’ 16.300 empleos y 3.000 empresas

Líderes sindicales y políticos acuerdan poner las cosas "complicadas" a las empresas que decidan deslocalizar su producción.

el 22 may 2013 / 13:36 h.

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Manifestación de los trabajadores de Roca por las calles de Alcalá.La industria sevillana, antes de que la actual crisis azotara con fuerza a empresas y tuviera su impacto sobre los puestos de trabajo, ya venía sufriendo su particular ajuste, como pone de manifiesto el hecho de que entre los años 2005 y 2008, en la provincia de Sevilla se perdieran en torno a 3.300 empleos netos (una contracción de la ocupación de 3,9%), tirando de las estadísticas de la Encuesta de Población Activa. Sin embargo, con el recrudecimiento de la coyuntura económica se ha disparado el desmantelamiento del tejido industrial sevillano, por asfixia financiera o no poder hacer frente a sus deudas, pero también por la deslocalización impulsada por grandes multinacionales que, en muchas ocasiones, no han podido alegar siquiera pérdidas para justificar su marcha y la sangría de despidos. En lo que va de crisis, teniendo en cuenta el periodo 2008-2012, han desaparecido más de 3.000 empresas en el sector industrial sevillano y se han destruido 16.300 puestos de trabajo netos vinculados, en su mayoría en 2012 (11.400 personas se fueron al paro ese año). Roca, Danone, Panrico, Cargill o Saimaza son solo los ejemplos más recientes. Aunque a efectos prácticos no se pueda hacer gran cosa para frenar a una empresa cuando tiene la intención de deslocalizar una planta productiva, en Sevilla los partidos políticos –PSOE, PP e IU– y las dos centrales sindicales CCOO y UGT firmaron ayer un acuerdo en defensa de la industria sevillana con el que abogan por un trabajo coordinado y que aproveche las sinergias y competencias para evitar un incremento del desmantelamiento industrial en la provincia. Lo suscribieron Manuel García Benítez, secretario de Economía y Empleo del PSOE de Sevilla; Juan Bueno, presidente del PP de Sevilla; Manuel Gutiérrez Arregui, coordinador provincial de IU Sevilla; Juan Antonio Gilabert, secretario provincial de UGT, y su homólogo en CCOO, Alfonso Vidán. Así, según recoge el documento firmado se acuerda la creación de una comisión de seguimiento que se convocará en un plazo máximo de 48 horas desde el momento en el que una empresa comunique su intención de cerrar un centro productivo o una reducción de plantilla o de carga de trabajo, y que estará coordinada por los sindicatos. Entre sus cometidos, indica el texto, se halla “impulsar la elaboración de propuestas y planes de actuación” en defensa de la industria local que, de manera consensuada, puedan ser trasladados a las administraciones con competencia en esta materia, afirma. Los partidos se comprometen a apoyar vía declaraciones institucionales o mociones de apoyo a la plantilla afectada y rechazando al cierre, que serán remitidas a sus representantes en ayuntamientos, Diputación, Parlamento andaluz y Senado, que también serán enviadas a la dirección de la empresa que se trate.

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