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Sindicatos y patronal dan luz verde a la norma antivandalismo y exigen recursos

Tras seis meses de reuniones y con más de tres borradores de ordenanza elaborados y luego modificados, el proyecto de la normativa antivandalismo tomó ayer martes el impulso definitivo al ser respaldado en el Consejo Económico y Social.

el 15 sep 2009 / 04:21 h.

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Tras seis meses de reuniones y con más de tres borradores de ordenanza elaborados y luego modificados, el proyecto de la normativa antivandalismo tomó ayer martes el impulso definitivo al ser respaldado en el Consejo Económico y Social. Sindicatos, patronal y entidades de consumidores exigieron recursos y un plan de seguimiento.

El dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) -solicitado por el Gobierno local pese a no ser preceptivo- es favorable al contenido de la ordenanza que regula cuestiones como las pintadas, los actos vandálicos, el destrozo de parques y la actividad de los gorrillas en la ciudad.

Pese a esto, sindicatos, empresarios y representantes de las asociaciones de usuariones coincidieron en criticar "la estructura de la norma" y en exigir que se tomen medidas para que se lleve a cabo de una forma efectiva.

El informe definitivo considera "necesario" que la normativa esté dotada "de los medios económicos, materiales y humanos suficientes" y reclaman mecanismos de control como una revisión de la eficacia de este proyecto en un plazo máximo de 18 meses.

Estas consideraciones se refuerzan con los votos particulares emitidos principalmente por los sindicatos.

CCOO y UGT reclaman expresamente que se efectúen "los ajustos e incrementos en cada partida presupuestaria que se considere necesario para el desarrollo real de la ordenanza". La federación de consumidores Facua sumó su voto al de las dos centrales para recoger otra propuesta en el informe final: la creación de un Observatorio para la Convivencia artculado a través de las distintas áreas municipales, las juntas de distrito y el CESS. En cualquier caso, estas iniciativas no forman parte del dictamen aprobado por unanimidad en el Consejo.

Este informe favorable era un requisito imprescindible para la Delegación de Convivencia y Seguridad, encabezada por Nieves Hernández, que retrasado la aprobación de la ordenanza durante varios meses para prolongar las conversaciones con todos los agentes sociales de la ciudad el máximo tiempo posible.

Fruto de estas negociaciones han sido entre tres y cuatro borradores con numerosas modificaciones. Una de las más significativas -y una de las cuestiones que ha provocado el retraso de la ordenanza- ha sido la prostitución callejera. El Ayuntamiento quiso retomar la propuesta del PP e introducir una regulación de esta práctica. Se presentaron hasta dos textos distintos a numerosos colectivos basados en las normativas de Barcelona y Madrid. Pero finalmente, fue retirado de la ordenanza al no lograr el consenso necesario. Ni siquiera llegó a incluirse en la propuesta que se entregó al Consejo Económico y Social para la elaboración de su informe.

Pero ha habido más modificaciones. Las negociaciones entre los dos socios de gobierno -PSOE e IU- dieron lugar al segundo de los borradores cuyas líneas básicas se mantienen. Las principales afectan a los colectivos sociales y a los actos de carácter cultural y político que quedan exentos de unas restricciones que se aplicarán sólo a aquellos eventos que tengan una finalidad económica. Con un argumento similar se modifica la regulación de pegatinas y adhesivos, que sólo están prohibidas cuando tiene intereses económicos.

En estas conversaciones se planteó la cuantía de las sanciones. La propuesta inicial -750 euros por infracciones como tirar una colilla, dañar un banco y orinar en la calle- fue considerada excesiva por varios colectivos sociales. Finalmente, se rebajó a 120 euros. Una modificación introducida a última hora planteó una nueva excepción en esta norma: "Cuando la infracción consista en la destrucción total de una planta o de elementos del mobiliario urbano, la sanción podrá elevarse, previa valoración de las circunstancias, hasta la cuantía de 750 euros".

Donde no ha habido modificación alguna en todos estos meses es en la regulación de los gorrillas. Se mantienen catalogados como "una forma de mendicidad". Es una infracción leve. En primer lugar, los agentes pedirán al infractor que deje su actividad. Al segundo aviso, serán multados con hasta 120 euros, cantidad que puede ser sustituida por cursos y sesiones de reinserción social.

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