Los Ayuntamientos siguen siendo los hermanitos pobres cuando se habla de financiación. Y lo son cada día más, porque se ven obligados a asumir una serie de competencias, que les demandan los ciudadanos, quienes los consideran siempre la primera instancia para hacer frente a sus problemas más cotidianos. Porque eso de ser la institución más cercana tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Precisamente por ese sentimiento de proximidad, los ciudadanos que, en su inmensa mayoría, tienen dificultades -y a ver quién no- para discernir las competencias que corresponden a cada administración pública, le reclaman a su Ayuntamiento más servicios, cada día más caros y cada vez más amplios, que al final tienen que ser asumidos con cargo a las arcas municipales, sin que éstas perciban compensación alguna por la asunción de esas obligaciones.
La difícil situación económica que estamos viviendo, con una brusca caída de la actividad inmobiliaria que, a través de tasas, pago de licencias y cesión de sueldos, era una de las grandes contribuyentes a la financiación municipal, les está apretando la soga al cuello, y colocando a muchas corporaciones locales en situación ruinosa. Esto, más bien pronto que tarde, se traducirá en una reducción de los servicios y, en consecuencia, en un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos.
De ahí, que sea acertado lo que ha propuesto el Partido Popular en Andalucía para que, en paralelo a la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, se aborde, de una vez por todas la financiación de los Ayuntamientos, que ha sido siempre un tema recurrente pero al que da la impresión, basada en la observación de la realidad, de que se intenta rehuir por parte de los poderes autonómicos. No ponen reparos al traspaso de determinadas competencias, porque para ellos resulta un alivio, pero hacen oídos sordos cuando se habla de la valoración económica de esos traspasos.
Bueno, pues éste es el momento de coger el toro por los cuernos, con perdón, porque a la hora de fijar las necesidades financieras de cada autonomía, es preciso tener en cuenta las aportaciones económicas que será necesario traspasar a los Ayuntamientos, si no se quiere colocarlos en una situación insostenible, de la que los mas perjudicados serán los propios ciudadanos.
Y como todos los partidos -el PSOE más que ninguno- tienen Ayuntamientos, y las necesidades son las mismas, independientemente del color político de los gobiernos locales, no tendría que haber demasiados problemas para ponerse de acuerdo a la hora de pactar un nuevo sistema de financiación local. Ahora es el momento de hacerlo, y si no se hace habrá que pensar que sobran motivos, pero falta voluntad.
Periodista. juan.ojeda@hotmail.es
