El Gobierno tiene la firme determinación de cumplir sus compromisos sociales, pero si la economía crece menos de lo previsto, en 2009 habrá que establecer "prioridades". Lo admite Pedro Solbes pocos días después de que el Banco de España señalara que en dos años se acabará con el actual superávit estatal.
El ministro de Economía en funciones, Pedro Solbes, aseguró que el Ejecutivo va a cumplir todos los compromisos sociales adquiridos en la campaña electoral, pero reconoció que, si sigue la desaceleración -como así pronostican los analistas internacionales-, en los próximos años tendrá que revisar sus prioridades.
Dejó claro que, en su discurso de investidura, el candidato a presidir el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "va a ofrecer todo aquello a que se comprometió en la campaña y que está incluido en el programa electoral". En declaraciones tras participar en una reunión informal del Ecofín (ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea), el vicepresidente explicó que el equipo económico del Gobierno ya contaba con los gastos planteados por el PSOE, que están incluidos, por tanto, dentro de las posibilidades de financiación.
Solbes señaló que tal previsión de gasto parte de unos "escenarios prudentes", que fija el ritmo de avance del Producto Interior Bruto (PIB) en torno al 3%, que es -indicó- el incremento potencial de la economía nacional. El ministro admitió, no obstante, que este año y el próximo el crecimiento será algo inferior, "lo que tendremos que considerar en la definición de la política económica".
El presupuesto de este año "razonablemente se puede cumplir", agregó, y para los ejercicios siguientes habrá que ver "cuál es el margen de actuación y qué debemos priorizar, teniendo en cuenta los compromisos" adquiridos, apostilló.
Pedro Solbes, por otro lado, se sumó a la petición de moderación salarial de las máximas autoridades económicas de la Unión Europea, clave ante el repunte de la inflación, y valoró la responsabilidad mostrada por los agentes sociales españoles en este ámbito los últimos años.
Recalcó que, en un contexto de inflación alta, si suben automáticamente los salarios sin tener en cuenta la productividad, "entramos en una espiral que no es buena para nadie". Consideró aceptable el sistema de fijación de salarios vigente en España, pues los aumentos se determinan en función de la inflación prevista y no pasada.
Disponen, además, de cláusulas de salvaguarda para compensarles en caso de desviación sobre la previsión y tienen también en cuenta la evolución de la productividad, el factor al que todos los mandatarios quieren vincular los aumentos salariales. Gracias a ello, la evolución de los salarios en España "ha sido de razonable moderación en los últimos años", aseveró el vicepresidente, quien matizó que, a partir de ahora, la negociación colectiva también tendrá que tomar en consideración la evolución del empleo y el paro.
En este contexto, el Ecofín estuvo de acuerdo en que es necesario mejorar la eficiencia del gasto para garantizar la viabilidad futura del modelo social europeo, a la vista, especialmente, de la presión creciente que generará a las arcas públicas el envejecimiento de la población.
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, explicó que el objetivo es que "el dinero de los contribuyentes se utilice lo mejor posible" y evitar "gastar más de lo necesario". En su opinión, el modelo social puede mantenerse, pero para ello "debemos mejorar la gestión del gasto".
