La llamada de auxilio a estas entidades la dio el alcalde de Villanueva del Ariscal, José Castro (PSOE), a la vista de que ese castigo, al no recibir en tiempo y forma unos ingresos que suponen un 20% de los presupuestos, sería la losa definitiva sobre los consistorios, que están sumidos en una grave crisis. En esa línea también se movió, sólo un día después, el presidente de la FAMP y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano (PSOE), que solicitará "una prórroga" en la aplicación de una medida que aunque "no es pérdida de fondos sino un retraso en la entrega a los consistorios", sí que acarrearía dificultades financieras graves a las haciendas locales, 26 de Sevilla. "Cualquier retraso en los ingresos supone en estos momentos de crisis una asfixia total para estos ayuntamientos", aclaró Toscano, que precisó que hay que hacer peticiones por los dos frentes: primero al Gobierno central, al que le requiere la citada moratoria, y, segundo, a los propios alcaldes, a los que rogó que hagan "un esfuerzo" para acelerar los trámites y entregar la liquidación cuanto antes para poder cumplir con las exigencias del Hacienda.
Aunque aclaró que muchas de estas situaciones vienen de consistorios en los que se ha producido un cambio de gobierno y, por lo tanto, necesitaban un tiempo para conocer el estado real de las cuentas, Toscano centró su preocupación en los pueblos pequeños, que "no tienen personal técnico suficiente para cerrar la liquidación" dentro de los plazos. Por ello, planteó que "la Diputación les eche un cable", poniendo a su disposición a todo el personal que disponga para que puedan agilizar todos estos trámites.
El mismo presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, también entró al trapo y, al igual que el presidente de la FAMP, se alineó a favor de los municipios y pedirá "cierta flexibilidad con los ayuntamientos pequeños que por falta de personal no han podido hacer sus deberes". En su defensa acérrima de los implicados, Villalobos negó que la situación por la que atraviesan los 26 municipios "sea un ejercicio de irresponsabilidad", sino más bien una "deficiencia técnica", que solventará la Diputación a través de sus sociedades. Si se trata de un problema contable, se haría cargo el personal del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), y si es una cuestión informática, lo asumiría la sociedad provincial Inpro.
Ese revuelo se forma después de la aplicación de la Ley de Economía Sostenible, que condiciona la entrega a los municipios de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), que se entregan cada mes, a que los consistorios hayan liquidado las cuentas del año anterior. Tras conceder una tregua de unos meses -el plazo expiró el 31 de marzo- que se comunicó por carta, el Ministerio de Economía hizo pública en su página web la lista de las entidades locales que aún no habían presentado la documentación pertinente, bajo la advertencia de que no percibirían los fondos estatales desde octubre. Esa cuantía no estaría a disposición de los ayuntamientos, pero no se pierden: en cuanto cumplan las exigencias, sea en el momento que sea, el Estado les abonará todas las cantidades retenidas.
