Con los datos en la mano, el programa de retorno voluntario de inmigrantes está siendo un fracaso. De los casi 47.000 extranjeros en paro que podían acogerse al plan en Andalucía, apenas lo ha hecho un 1,8%. Se niegan a iniciar el camino de vuelta esperando que la crisis relaje el puño y la economía española respire de nuevo.
Los datos aportados por la Secretaría de Estado de Inmigración son esclarecedores: en el primer semestre de este año, apenas 5.088 inmigrantes han tramitado sus expedientes solicitando el retorno voluntario a sus países de origen, una vía de escape abierta por el Gobierno en noviembre por la que el trabajador extranjero puede irse y cobrar el paro de una tacada (el 40% en España y el 60% al llegar a su país), pero cerrándose la puerta al regreso a España en un plazo de tres años. De ellos, unos 870 (17%) residen en la comunidad andaluza. En total, la cifra supone un 1,8% del total de extranjeros sin empleo que tiene actualmente Andalucía, que llegan a los 58.330 según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Andalucía es la novena región donde más retornos se han pedido, en una lista que lideran Madrid y Levante.
El 78% de las solicitudes presentadas por inmigrantes andaluces han sido aprobadas, con lo que las ayudas para el viaje y el cobro del paro les llegarán "de inmediato". El resto, en su mayoría por defectos de forma, ha sido denegado, y hay 30 pendientes de resolver. Se calcula que, entre los trabajadores y sus familiares, se han podido beneficiar de la media un millar de residentes en Andalucía, de los más de 6.000 de toda España. Por nacionalidades, los que más se han sumado al retorno son los colombianos y peruanos -teniendo en cuenta que la medida sólo es vinculante para una veintena de países, en su mayoría de Latinoamérica-. Por sectores, pertenecían a los servicios, la construcción y la agricultura, principalmente. En cuanto a las provincias, Málaga es la que más peticiones ha registrado, con 140.
La cuantía media del dinero recibido por estos inmigrantes supera levemente los 9.000 euros y, en total, en estos seis primeros meses de proyecto, el Gobierno central ha desembolsado 21,2 millones de euros.
El Gobierno ideó esta medida para hacer frente a la crisis, pero es precisamente la mala coyuntura la que hace que los inmigrantes se queden. "Creen que aquí podrán tener otra oportunidad en breve y en sus países también golpea la crisis. ¿Para qué marcharse, si no van a estar mejor?", se pregunta Kamal Rahmouni, presidente de Atime, Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España.
Más allá va el politólogo francés Sami Naïr, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. "El incentivo económico que se ofrece es insuficiente para la subsistencia propia y de la familia, no pueden comenzar en sus países una nueva vida cuando su situación social y económica allí no deja de deteriorarse por culpa de la crisis", explica. A su entender, el Gobierno ha tratado de "quitar inmigrantes de España en un momento en que se venden como una amenaza para el empleo patrio", algo "muy poco de izquierdas", sin buscar a estos trabajadores "una reinserción social y laboral en su país". "El reciclaje en otro sector, aquí mismo, en España, o una estrategia de recolocación en su país hubieran sido más eficaces", concluye.
