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Solo el 2% de las medidas judiciales aleja a los maltratadores de sus hijos

En el primer semestre los jueces han suspendido la custodia o el régimen de visitas a 28 imputados por violencia machista.

el 20 nov 2011 / 15:58 h.

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El Gobierno central planteó hace un año una reforma del Código Civil para impedir que, en casos de separación o divorcio, un juez concediera la custodia individual a un padre imputado por malos tratos (la ley ya impedía la custodia compartida en estos casos). La medida, que no ha dado tiempo a tramitar, despertó reticencias entre los jueces, que alegaban que el Código Penal ya prevé como pena accesoria al maltratador la retirada de la guarda y custodia. Pero el problema no está tanto en los condenados como en los imputados a la espera de juicio y en el alcance de las medidas cautelares sin vulnerar la presunción de inocencia. El interés de los menores, que debe prevalecer, se debate entre el presunto daño de convivir con un supuesto maltratador o el posible efecto de alejarle de su padre y que luego éste no sea condenado.

La práctica judicial revela que, mientras con respecto a las mujeres víctimas los jueces no se la juegan a la hora de dictar medidas para protegerla, en el caso de los menores son más prudentes. En el primer semestre del año, los juzgados de Sevilla emitieron 1.441 medidas de protección a mujeres presuntamente maltratadas, entre ellas 461 órdenes de alejamiento, pero solo 17 suspensiones de la guarda y custodia de los hijos por parte del denunciado y 11 suspensiones del régimen de visitas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, apenas un 1,94% de las medidas de protección alejan al presunto agresor de los hijos. En todo el año pasado, se dictaron en Sevilla nueve suspensiones del régimen de visitas y 58 de la guarda y custodia. Según explica la fiscal coordinadora de violencia de género en Andalucía, Flor de Torres, el Ministerio Público acaba de dictar una "circular de obligado cumplimento para los fiscales de violencia de genero" para que éstos pidan de oficio "la supresión de las visitas en padres mientras que estén encartados en actos de violencia de genero".

Que los hijos de víctimas maltratadas son también víctimas, directas o indirectas, de esta violencia es algo que los expertos que trabajan contra este fenómeno tienen claro. Este año, la campaña del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, lo pone de manifiesto con su lema Por favor, no hagas daño a mi madre y carteles y spots centrados en los menores que viven esa violencia a su alrededor. El II Congreso para el Estudio de la Violencia de Género, que reunirá en Sevilla a 800 profesionales los días 28 y 29 de noviembre, también se centrará en ellos.

Desde 2009, el IAM cuenta con un programa de atención psicológica para hijos de mujeres maltratadas que desarrolla a través de la asociación Amuvi y que en el primer semestre de este año ha atendido a 66 menores en Sevilla. Su coordinadora, Beatriz Núñez, tiene claro que los hijos son una herramienta más utilizada por el agresor para amedrentar a la víctima y que, aunque no sufran la violencia física directa, ser testigos de ella también deja secuelas.

EFECTOS. El servicio de Amuvi atiende a niños de entre 6 y 17 años y los efectos van desde conductas regresivas en los más pequeños, como volver a orinarse en la cama u otros, hasta el efecto contrario, asumir un rol que no les corresponde y cargarse de responsabilidades como protectores de su madre, pasando por la bajada de los rendimientos escolares, síntomas depresivos y dificultades para externalizar sus vivencias y sentimientos porque aprenden desde pequeños que lo que ocurre en casa se queda dentro. Un estudio de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género alerta de que el hijo de una mujer maltratada tiene un 189% más probabilidades de agredir a su pareja de adulto.

En el otro lado, las asociaciones de padres separados por la custodia compartida advierten del riesgo de que generalizar el alejamiento de los hijos de un padre con la mera denuncia o imputación por malos tratos puede conllevar un aumento de denuncias falsas en casos de parejas en proceso de separación o divorcio sin acuerdo sobre la custodia de los niños.

El fantasma de las denuncias falsas planea desde la promulgación en 2004 de la Ley contra la violencia de género pero ni defensores ni detractores son capaces de poner datos sobre la mesa porque uno de los datos que se maneja, la retirada de denuncias, está viciado por lo que algunos operadores jurídicos consideran un error de base de la norma: la negativa de la víctima a no declarar contra su presunto agresor acogiéndose al derecho a acusar a un familiar o cónyuge. En la última memoria anual, la Fiscalía General del Estado reduce a 13 casos en 2009 y 14 en 2010 en los que el Ministerio Público retiró la acusación por denuncia falsa. El Observatorio de la Violencia de Género hizo un estudio en 2009 sobre 530 resoluciones judiciales entre las que solo detectó un caso.

La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, considera las denuncia falsas o el uso de "atajos" para divorcios hechos "gravísimos" e insta a los jueces a estar atentos pero también a no incidir en un mensaje que retrae a víctimas reales a denunciar.

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