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Solo el 40% de las VPO previstas por la Junta desde 2008 se han construido

Tras este fracaso, IU desterrará la obra nueva en el próximo plan y se centrará en rehabilitación y alquiler

el 27 ene 2013 / 19:38 h.

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La Junta preveía 132.000 nuevas VPO hasta 2012.

Que el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ha sido un rotundo fracaso no es ningún secreto. El documento, uno de los instrumentos políticos más importantes del último Gobierno socialista de Manuel Chaves, se diseñó cuando la crisis ya asomaba con unos objetivos "poco realistas". En eso coinciden hoy las tres patas firmantes: empresarios, sindicatos y la Consejería de Fomento y Vivienda, ahora en manos de IU. Precisamente es el departamento de Elena Cortés el más crítico con el desarrollo del plan y con el propio concepto del mismo, y más o menos se alegra de que no se hayan cumplido sus previsiones porque si no, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hubiera sido aún mayor en Andalucía.


El plan preveía 132.000 VPO de nueva construcción en venta y alquiler, pero solo se han hecho 53.932, es decir, el 40,9%, según datos de la propia consejería a 30 de noviembre de 2012. En general la política pública de vivienda de los últimos cuatro año "no ha servido" para hacer efectivo el derecho ciudadano a la vivienda. Algunos programas de alquiler (ayudas a inquilinos, propietarios y AFA) y otros de rehabilitación han disparado su ejecución (en torno a un 400%), pero tampoco han sido "útiles", según la consejería. "Se han cumplido objetivos pero no podemos decir que se haya fomentado el alquiler. Muchas ayudas se han destinado a enriquecer a propietarios solo por el hecho de arrendar sus pisos", lamenta la secretaria general de la Vivienda, Amanda Meyer. En el apartado de rehabilitación, por ejemplo, la transformación de infravivienda, donde viven personas en riesgo de exclusión social y que es ahora una prioridad para la consejería, solo se ha ejecutado en un 16,1%.


En definitiva, los resultados del plan han sido "desastrosos", sobre todo desde 2010, y así lo han puesto de manifiesto tanto Fomento como la patronal y los sindicatos (estos últimos son los más condescendientes con el documento) en las reuniones que han mantenido para avanzar sobre el nuevo documento. La consejería ha establecido distintos grupos de trabajo en los que se incluye un abanico social mucho más amplio que el marco de la Concertación, esto es, empresarios y sindicatos. Quiere escuchar al mayor número de colectivos, entre los que se incluyen plataformas de afectados por los desahucios u organizaciones contra la marginación de la pobreza, para hacer el análisis más "certero" posible. La secretaria general de la Vivienda ha advertido en las reuniones que el panorama de la vivienda en Andalucía es "sobrecogedor". Las partes responsabilizan directamente al anterior Gobierno socialista y también a los bancos, que cerraron el grifo del crédito. Los anteriores gestores de la consejería "seguían inmersos en una segunda burbuja mental", critica Amanda Meyer.


IU quiere tener listo en junio el nuevo documento para que el Gobierno andaluz apruebe su decreto en esa fecha. El detalle de las partidas tendrá que esperar a 2014. El principal objetivo de la Junta es hacer efectivo el derecho a la vivienda y atender a los más necesitados. La lucha contra los desahucios, en la que Andalucía es pionera, y la sanción a las casas vacías -la Junta aprobará en breve un decreto- marcarán la política pública de vivienda bajo el mandato de Elena Cortés. El plan no será una mera prórroga del actual y dependerá de los recursos que vengan del Estado. Centrará sus actuaciones en el alquiler y la rehabilitación, y desterrará la obra nueva. "No habrá ni un euro de dinero público para vivienda nueva", sentencia la secretaria general. Solo habrá ayudas para el cooperativismo y la autoconstrucción de una casa en colaboración con los ayuntamientos pequeños, que podrían ceder el suelo.


La patronal se opone a este planteamiento. Los empresarios argumentan que la gente sigue demandando pisos, pero la consejería no piensa engordar la cifra de viviendas vacías en la comunidad (más de 700.000). Los promotores rechazan además que la Junta dé carpetazo al actual plan porque sostienen que algunos empresarios tienen aún pendientes operaciones en este marco jurídico.

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