Casi seis de cada diez parejas andaluzas que el año pasado tramitaron su separación o divorcio (el 58,1%) tenían hijos menores y, pese a los movimientos ciudadanos -sobre todo de padres- que promueven la custodia compartida de los menores o la ley pionera tramitada en Aragón para potenciarla, lo cierto es que sólo en el 8,5% de los casos se lleva a cabo. De los 19.065 matrimonios rotos en 2009, sólo 944 optaron por esta vía.
Las estadísticas revelan que pese al progresivo aumento del compromiso paterno con los hijos, en caso de separación, los niños son cosa de ellas. La custodia fue asignada a las madres en el 86% de los casos el año pasado. Sólo el 4,5% de los padres (506) se quedaron con los menores, según datos del INE.
La custodia de los hijos en caso divorcio está regulada por el Código Civil, que contempla que sea compartida si así lo acuerdan los cónyuges y, excepcionalmente, sí lo determina el juez aunque no exista acuerdo entre los padres. Pero la práctica jurídica, basada fundamentalmente en herencias culturales, es la que reflejan las estadísticas. En muchos casos el tradicional papel de las madres como cuidadoras hace que los padres no reclamen la custodia. No obstante, asociaciones como la Federación andaluza para la Defensa e Igualdad Efectiva (Fadie) también alega que muchas mujeres fuerzan el divorcio no consensuado porque en éstos, la custodia compartida sólo se concede de manera excepcional.
Consecuencia de ello es que sean los padres los que en el 56,8% de los casos tengan que pagar una pensión alimenticia frente al 2,7% en que corresponde a las madres y el 2,9% a ambos. En cuanto a la pensión compensatoria, la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, y con ello el hecho de tener ingresos propios, hace que no proceda en el 85% de las rupturas.
Desde el punto de vista legal, no hay consenso. Fadie apela a que puede incorporarse que la custodia compartida sea lo normal en la Ley del Menor para proteger los derechos y el bienestar del niño, pero los juristas reconocen que siempre prevalecería el Código Civil. Aragón se amparó en sus foros para legislarlo y aunque también lo estudian Navarra, el País Vasco o Cataluña, la Junta de Andalucía apuesta más por la mediación familiar. Fadie se ha reunido con los grupos parlamentarios pero ninguno ha tomado la propuesta como suya.
