El Pleno del Congreso rechazó ayer con los votos de PSOE, PP y CiU, tramitar una proposición de ley planteada por IU-ICV para endurecer el régimen de incompatibilidades al que están sujetos los diputados y senadores y lo hizo apenas horas después de que el presidente de la Cámara Baja, José Bono, pidiera a los grupos propuestas sobre el sistema de pensiones de los parlamentarios.
La iniciativa de IU-ICV, que fue registrada en 2008, no estaba pensada para los casos de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González, que acaban de ser fichados por sendas compañías eléctricas, pero esta circunstancia se coló inevitablemente en la discusión.
Así, los portavoces de CiU, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y UPyD aprovecharon para reclamar que los exinquilinos de La Moncloa que reciben remuneración por su participación en empresas privadas dejen de cobrar la pensión vitalicia que les reserva la ley por su condición de expresidentes. PSOE y PP se quedaron solos en la oposición a esta medida.
Llamazares se mostró abierto a dialogar sobre si esta pensión debe ser vitalicia o temporal, pero subrayando que "no es discutible" que puedan percibirse si a la vez se cobra del sector privado, algo "intolerable" para el BNG, "inaceptable" para el PNV e "innegociable" para Rosa Díez.
Marcha atrás. La diputada de UPyD dijo estar convencida de que este asunto habrá de revisarse más pronto que tarde y de que quienes hoy se oponen a retocarlo "cualquier fin de semana" anunciarán que la apoyan, como ocurrió el pasado sábado cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, anunció una iniciativa para suprimir las pensiones parlamentarias. Díez pidió lo mismo en dos ocasiones el año pasado y PP y PSOE se negaron.
Todos ellos defendieron que los expresidentes tengan un estatus especial y cobren del Estado para "mantener la dignidad de cargo frente presiones externas", pero haciendo hincapié en que esta pensión no puede ser compatible con una retribución privada. Actualmente los expresidentes perciben 80.000 euros al año en concepto de pensión.
Además, el texto de IU-ICV que se debatía, según se encargó de explicar el diputado Gaspar Llamazares, contenía cuatro medidas fundamentales: garantizar que los parlamentarios tengan un "sueldo digno" pero también dedicación absoluta a su labor legislativa, de manera que no puedan recibir remuneración del sector privado, y que tampoco puedan cobrar a la vez de las Cortes y, por ejemplo, de su partido si desempeñan en él un cargo orgánico. PSOE, PP y CiU coincidieron en rechazarlo.
Este debate fue reabierto horas antes por los presidentes del Congreso y el del Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente, quienes han emplazado a los partidos a exponerles sus propuestas sobre el futuro de los complementos de pensión que reciben los parlamentarios -cuya revisión reclamó Rajoy al considerarlos un "privilegio"-, pero también quieren que se pronuncien sobre el régimen de incompatibilidades y sobre la publicación del patrimonio.
