O. G. / A. Á. Y.
La adaptación del área metropolitana a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) avanza muy lenta y actualmente sólo siete de los 46 municipios que integran la aglomeración urbana tienen sus PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) al día. Otros cuatro sólo esperan el visto bueno de la Consejería de Obras Públicas.
Los datos ofrecidos por Obras Públicas reflejan que el proceso va mucho más lento de lo previsto por la Junta de Andalucía que aprobó la también llamada Ley del Suelo a finales de 2002 otorgando una moratoria de cinco años. De este modo, todas las administraciones locales estaban obligadas a contar con este documento antes del 20 de enero de 2007, pero el año acaba de terminar sin muchos avances. Es más, esta ley se solapó con la posterior entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), una norma que incluyó condiciones mucho más restrictivas para los planeamientos y que hizo que los consistorios ralentizaran el proceso, ya que los que estaban más avanzados se vieron obligados a empezar de nuevo con el costoso -tanto en dinero como en esfuerzo técnico- trámite de redactar un PGOU.
De este modo, los tres primeros municipios del área metropolitana en adaptarse a la LOUA fueron Tomares (con 4.500 viviendas más previstas), en 2005, Olivares (1.900) y Sevilla (con 63.000), en 2006. Todos ellos se libraron por poco de las restricciones del POTA, que limita el crecimiento residencial al 30% y la ocupación de nuevo suelo al 40% en ocho años.
Otros dos municipios de la conurbación que tenían la redacción de sus PGOU muy avanzada cuando entró en vigor la LOUA, Mairena del Aljarafe (aprobado definitivamente en 2003) y Gelves (en 2005) se acogieron a la llamada Disposición Transitoria Cuarta, por la que sólo estaban obligados a adaptarse a algunos artículos de la misma, básicamente a los referidos a la reserva de suelo para viviendas protegidas. De todas maneras, Gelves anunció esta semana la licitación de la redacción de un nuevo planeamiento.
Pero una vez aprobados definitivamente estos PGOU, la culminación de los mismos en el resto del área metropolitana se sucedió con cuentagotas. Otros dos municipios consiguieron que entrara en vigor su documento, con el plazo de la moratoria ya cumplido, esta vez sí tras los recortes impuestos por el POTA: La Rinconada y Villanueva del Ariscal, que vieron aprobadas definitivamente sus propuestas en la Comisión Provincial de Urbanismo del 20 de abril de 2007.
Esto esperan ahora los otros cuatro municipios de la aglomeración urbana que ya han pasado por los trámites que conlleva un PGOU (avance, aprobación inicial, exposición pública y aprobación provisional para luego esperar la aprobación definitiva por parte de Obras Públicas). Se trata, en primer lugar, de La Algaba, Aznalcázar y Castilleja del Campo, con informes de incidencia territorial negativos por, entre otras razones, incumplir las restricciones del POTA, si bien desde estos consistorios alegan que cuando éste entró en vigor tenían sus documentos casi terminados. Mientras, Los Palacios y Villafranca, tras recibir el mismo varapalo, volvió a aprobar provisionalmente su PGOU hace un par de meses, confiando en que esta vez sí pase por el filtro de Obras Públicas.
