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Sólo uno de cada diez abortos se practica en la sanidad pública

El anuncio del Gobierno sobre la elaboración de una nueva ley del aborto ha reabierto un debate siempre latente. En 2006 se practicaron más de 100.000 abortos voluntarios en España, de los cuales un 88,38% se realizó en clínicas privadas. La falta de equidad es uno de los puntos más criticados.

el 15 sep 2009 / 11:57 h.

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El anuncio del Gobierno sobre la elaboración de una nueva ley del aborto ha reabierto un debate siempre latente. En 2006 se practicaron más de 100.000 abortos voluntarios en España, de los cuales un 88,38% se realizó en clínicas privadas. La falta de equidad es uno de los puntos más criticados de la actual norma.

La interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y con anestesia local cuesta en España entre los 300 y los 400 euros -345 en la clínica Isadora de Madrid y 400 en la clínica El Sur, en Sevilla, por ejemplo-. El precio aumenta conforme el embarazo es más avanzado, hasta llegar a unos 1.600 euros en el caso de las intervenciones realizadas más allá de la semana 21 de embarazo.

Pese a lo costoso del proceso, la mayoría de las mujeres -casi nueve de cada diez- optan por acudir a centros extrahospitalarios privados, según datos de 2006 del Ministerio de Sanidad. Las cifras son similares en años anteriores. En total, 135 centros sanitarios notificaron en 2006 que habían practicado abortos voluntarios, 92 de los cuales eran privados.

La actual ley del aborto, que lleva vigente desde 1985, establece que "en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, la autoridad sanitaria velará por la disponibilidad de los servicios necesarios [...] para posibilitar la práctica del aborto en los plazos legalmente establecidos". En la práctica, sin embargo, ni los centros sanitarios públicos ni los médicos que trabajan en ellos están obligados a realizar abortos, pues la objeción de conciencia les protege si se niegan.

Tanto los expertos en Derecho Penal como los representantes de las clínicas abortistas españolas, así como muchas de las asociaciones de mujeres, coinciden en que el problema está en las estrecheces de la ley. La norma de 1985 sólo cataloga como no punible el aborto en tres supuestos: cuando el embarazo entrañe un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación -dentro de las 12 primeras semanas- y cuando "se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas".

Según los datos de Sanidad, el 96,98% de los 101.592 abortos voluntarios practicados en 2006 se acogió al primer supuesto, el referido a la salud de la mujer. Sólo un 2,83% se practicó porque hubiera riesgos para el feto y un 0,01% se acogió al supuesto de la violación. El porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo que se acogieron al primer supuesto no ha bajado del 96% desde 1997, primer año del que el Ministerio ha recogido datos.

En este sentido, Julia Ropero, especialista en sistemas de despenalización del aborto y profesora de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, señala que "en la práctica, en centros privados se están realizando abortos al amparo de una interpretación extensiva del supuesto de la salud psíquica de la mujer". Esta experta está convencida de que la actual ley tiene lagunas y por eso explica que en la mayoría de los casos no hay repercusión penal, pero "la legalidad es dudosa". "Desde un punto de vista estricto, la mayoría de los abortos son ilegales, la ley es de una inseguridad absoluta, pues hay jueces que admiten que una depresión es un grave riesgo para la salud psíquica y hay jueces que dicen que no", añade Ropero.

Según su argumentación, estas vaguedades de la ley siembran temor entre los sanitarios, que en los centros públicos se niegan a practicar los abortos. "Con una ley de plazos, habría seguridad jurídica sobre qué es delito y qué no lo es, y los médicos practicarían más abortos", concluye.

La ley de plazos, que ya se aplica en muchos países europeos, permite el aborto voluntario libre hasta un determinado momento de la gestación y a partir de ahí regula la práctica mediante indicaciones. Es también el modelo que defienden desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Su presidente, Santiago Barambio, lo tiene aún más claro: "Las mujeres se van a la privada porque en la pública no se lo hacen. Puede ser por la objeción de conciencia o por falta de medios, por indicaciones del centro...". Barambio explica además que, según su experiencia, abortar en la pública "no trae cuenta". Alega que "desde que la mujer solicita el aborto en un centro de orientación familiar hasta que se lo hacen, pueden pasar hasta tres semanas".

En esta misma línea habla Yolanda Besteiro, la presidenta de la asociación Mujeres Progresistas. Ella aboga por una ley de plazos combinada con supuestos que además garantice que el aborto sea cubierto por la sanidad pública.

¿La ley está obsoleta? Por todo lo anterior, y por lo que el Gobierno entiende como una "demanda social", la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció hace unos días que en breve habrá una nueva ley del aborto. La polémica sobre la necesidad de cambiar la norma, latente unas veces y patente muchas más, estalló de nuevo en la calle este año tras el cierre de varias clínicas en Barcelona por la práctica de abortos ilegales, pero ha sido una discusión que ha estado ahí siempre.

Ya en 1991, el entonces ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, decía en El País que "la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el aborto impide una ley de plazos", algo que los contrarios al aborto han venido manteniendo todo el tiempo. Julia Ropero lo contradice: "El Constitucional se pronunció. En 1985 el PP interpuso un recurso y el TC señaló que tan protegible es la vida humana en formación como los derechos de la mujer". Ropero cree que si la reforma no se ha hecho antes "no es por problemas de constitucionalidad, ningún gobierno se ha atrevido".

Su discurso no es compartido por las asociaciones pro-vida, que defienden, en palabras de Alicia Latorre, presidenta de la federación, que incluso la actual ley del aborto "es un fracaso social". "Nos molesta que se hable del aborto como un derecho porque el hecho de que un acto sea delito o no no es sólo porque lo recoja la ley, sino porque hace daño a las personas". Difieren de los tres supuestos que ya recoge la ley y no justifican el aborto en ningún caso porque "a la mujer el aborto no le soluciona los problemas, le ocasiona muchos más de los que ya tiene".

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