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Sólo uno de cada mil incendiarios forestales es juzgado

Sólo uno de cada mil responsables de fuegos forestales acaba siendo juzgado en España, según cálculos de Greenpeace a partir de datos de incendios y superficie quemada del Ministerio de Medio Ambiente y sentencias por este delito recogidas por la organización ecologista.

el 15 sep 2009 / 09:47 h.

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Sólo uno de cada mil responsables de fuegos forestales acaba siendo juzgado en España, según cálculos de Greenpeace a partir de datos de incendios y superficie quemada del Ministerio de Medio Ambiente y sentencias por este delito recogidas por la organización ecologista.

En el caso de los grandes incendios, aquellos que arrasan más de 500 hectáreas, únicamente el 3,5 por ciento de los causantes han sido sentados en el banquillo de los acusados entre 1996 y 2005, entre otras conclusiones del informe "Incendios Forestales ¿El fin de la impunidad?", presentado hoy.

Entre las 228 sentencias que Greenpeace ha podido recoger desde la modificación del Código Penal de 1995 hasta 2006, han sido condenatorias 177, es decir el 78 por ciento de todas ellas.

La mayor parte de las condenas se han dado en Galicia (46), donde se registran más de la mitad de todos los incendios de España, seguida por Castilla y León (30), Andalucía (28), Cataluña (17), Comunidad Valenciana (17) y Asturias (16).

A continuación se sitúan Cantabria (5), Castilla-La Mancha (4), Canarias (4), Murcia (4), Baleares (2), Aragón (1), Comunidad de Madrid (1), Extremadura (1) y La Rioja (1), mientras que no hubo ninguna en Navarra ni en el País Vasco.

Dos de ellas son relativas a grandes incendios, una contra FECSA-Endesa por un siniestro en 1998 en la provincia de Barcelona, y otra en 2007 contra el Ministerio de Defensa por un fuego de 1998 en la de León.

Sin embargo, las condenas sólo se refieren al 5,49 por ciento de la superficie total abrasada en ese decenio y nunca se ha llegado a la pena máxima prevista: 20 años de cárcel.

La más alta conocida por Greenpeace es de ocho años, dictada por la Audiencia Provincial de Málaga en 2006, relativa a un hombre reincidente, en tratamiento psiquiátrico, con multa de 385.00 euros por quemar intencionadamente 270 hectáreas en Ojén.

Ninguna de las condenas ha sido dictada contra cazadores ni por razón de intereses inmobiliarios, a pesar de que el litoral se ha urbanizado en algunos casos a "golpe de cerillazo", según el autor del estudio, Miguel Ángel Soto.

Entre otros datos, en 2007 hubo once grandes incendios, pero sólo se pudo detener e imputar a cuatro personas por ellos.

Greenpeace, que cita como fuente el Registro de Penados y Rebeldes, informa de que 571 personas han sido condenadas por provocar incendios forestales entre 1995 y 2006, aunque matiza que el dato es "incompleto" por dificultades técnicas.

A pesar de todo, el número de juicios, sentencias y condenas crece de manera constante en los últimos años gracias a las fiscalías de Medio Ambiente, según ha valorado Soto, aunque la relación entre el número de incendios y condenas, ha matizado, es todavía demasiado pequeña.

Ha reclamado una mayor actividad preventiva y ha lamentado las dificultades para poder acceder a todos los fallos judiciales, cuyo número es desconocido por los Ministerios de Justicia e Interior, ha asegurado.

Greenpeace ha podido conocer 257 sentencias dictadas entre 1994 y 2007 por audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y el Supremo, pero no las de los juzgados de lo penal, pues no están informatizadas.

En esta línea, Soto ha citado la memoria de 2007 de la Fiscalía General del Estado, que por vez primera informó de sentencias por este delito: 82 condenatorias y 19 absolutorias.

En el 50 por ciento de los casos pasan entre dos y cuatro años entre el incendio y la sentencia; en el 30 por ciento, entre cinco y siete años, y sólo pasa un año en el 14 por ciento.

Los ecologistas piden que las CCAA sean acusación particular en los juicios y reclaman la consideración penal para comportamientos que son calificados como imprudencia (arrojar colillas, usos recreativos del fuego, quema de rastrojos o falta de mantenimiento por parte de empresas).

También consideran que el sistema de jurado popular no parece el más adecuado para este delito al recordar sentencias absolutorias como la emitida por la Audiencia Provincial de Madrid, que absolvió en 2007 al presunto autor de 14 fuegos en Galapagar en 2005 a pesar de que se le encontraron artefactos y productos inflamables.

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