La polémica ayuda de los 420 euros sólo ha sido tramitada, hasta la fecha, por 5.000 de los 85.000 parados que pueden solicitarla en agosto. Celestino Corbacho, que ayer ofreció este balance, aseguró además que hay problemas jurídicos para que las regiones complementen con 200 euros más la iniciativa.
Sólo seis de cada cien potenciales perceptores de la nueva ayuda de 420 euros para parados que se hayan quedado sin prestación las habían solicitado hasta el pasado miércoles. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró ayer que los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SPEE) habían reconocido, a fecha de 26 de agosto, la percepción a algo más de 5.000 solicitantes -de los alrededor de 85.000 potenciales beneficiarios que las pueden reclamar este mes-, que empezarán a cobrarla en septiembre.
Una baja tasa de tramitación que puede deberse, en parte, a la falta de impresos oficiales en las oficinas de empleo, como constató este periódico la semana pasada en varias de ellas.
Corbacho precisó en la Comisión de Trabajo del Congreso que desde su puesta en marcha, el 17 de agosto, se ha enviado información a 85.000 personas que agotan su prestación entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre, a través de cartas y mensajes a móviles. En total, podrán beneficiarse de ella unos 340.000 desempleados.
El titular de Trabajo aseguró que, aunque la medida "mete presión al INEM", éste está atendiendo los requerimientos de su puesta en marcha y se mostró en contra de abordar la reforma del INEM en función de esta ayuda, porque supondría una demora en los cobros de hasta "tres años".
Corbacho volvió a situar la fecha de referencia en el 1 de agosto, aunque dejó la puerta abierta a que pueda ampliarse.
El ministro, que valoró "positivamente" la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para completar con 200 euros la ayuda, consideró que "sería complejo llevarla a término desde el punto de vista jurídico".
Pero la medida sigue sumando críticas. Los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, pidieron un cambio de planteamiento en las políticas sociales del Gobierno y abogaron por menos subsidios y más creación de empleo.
También exigencias entre los sindicatos. El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz afirmó que la ayuda es "insuficiente" y que debe durar mientras se mantenga la crisis y la tasa de paro no baje del 12%. UGT-Andalucía, por su parte, pidió que se haga extensiva a los trabajadores del Régimen Especial Agrario.
