La sola sospecha de que tres jefes de la unidad antidroga (Udyco) de Sevilla pudieron haber sabido del robo de 150 kilos de droga de la Jefatura de Policía y no haber dado la voz de alarma, que tomó cuerpo la semana pasada al imputar la juez de Instrucción 19 a los tres mandos policiales por un delito aún sin concretar, es ya una sombra sobre la Policía en Sevilla. A falta de que esta semana se levante el secreto del sumario y se conozcan los indicios o pruebas contra ellos -que defienden firmemente su inocencia-, el asunto trae de cabeza no sólo a la Udyco, sino a toda la Jefatura.
La situación es muy distinta a la que se vivió tras la detención del supuesto autor material del robo, Lars S.M., que también fue policía de la Udyco hasta que pidió una excedencia para montar un negocio de barcos de lujo. Entonces muchos se alegraron. Hoy, las expresiones más repetidas son "sorpresa" e "incredulidad" por la imputación de tres mandos de larguísima trayectoria -uno lleva 30 años en la lucha antidroga- y muy buena fama por sus éxitos policiales. Ellos mismos están "indignados" y tildan la situación de "injusticia".
Los sindicatos los han arropado y algunos compañeros, tratando de explicarse qué ha ocurrido, alegan que "en este tipo de trabajo, cualquiera puede acusarte de cualquier cosa y hay que investigarlo todo", en alusión a que el policía encarcelado hace un mes, Lars, podría haber vertido acusaciones falsas por venganza. Otros recuerdan que ante la mínima duda es normal imputar a los policías, que raro es el agente que lleva años en estas unidades y no ha sido acusado de algo, y que la imputación les permite defenderse. Pero el tono en el que lo dicen no es de normalidad; sobrevuela el temor a que, si esas dudas fueran ciertas, la Udyco, tocada por el robo de droga, quedara herida de muerte.
Cuando la unidad de Asuntos Internos detuvo al policía Lars, la mayoría de sus compañeros dijeron no sentir sorpresa, porque el escaso interés del agente por su labor y algunas actuaciones extrañas lo hicieron sospechoso desde el principio. Su arresto en septiembre, tras 15 meses de investigación, supuso un alivio para muchos policías. Los sindicatos se alegraron de que "por fin se conociese el garbanzo negro".
se defienden. Un mes después, la juez ha considerado que el inspector jefe que dirige la Udyco y dos inspectores de los grupos II y III de la unidad antimafia conocieron el robo antes de que estallara el escándalo, en junio de 2008, y no acudieron ni a sus superiores ni a la Justicia. Ellos defienden que hicieron lo que tenían que hacer: al detectar irregularidades pensaron que había habido un error, que la droga analizada en el test que descubrió el pastel no era del alijo correcto, que había un fallo de etiquetas o de almacenamiento... pero nunca sospecharon que fuera un robo. Cuando lo supieron, informaron "de inmediato" a sus superiores.
Riestra: "La droga no tendría que guardarse en las comisarías". El jefe superior de la Policía, Enrique Álvarez Riestra, recordó ayer en referencia al robo de la droga en la Jefatura que los estupefacientes no deberían guardarse en las comisarías. De hecho, dijo no entender por qué los jueces siguen manteniendo las enormes cantidades de droga decomisadas en lugar de destruirlas, como ordena la ley, según manifestó en declaraciones a Radio Sevilla.
El jefe superior recordó que los depósitos judiciales en los que tendría que guardarse la droga, con mayores garantías, tendrían que haber sido creados en los juzgados según una orden ministerial de hace 30 años, que la Junta tendría que haber ejecutado cuando asumió las competencias de Justicia. Y sobre todo, recordó que "la norma" dice que los estupefacientes decomisados deben ser destruidos, salvo la muestra que se guarda de cara al juicio, salvo excepciones. Pero en la práctica los jueces no ordenan la destrucción.
