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Sortu recurre ante el Constitucional la prohibición de su inscripción como partido

La resolución contó con el voto discrepante de siete magistrados que dicen que el Derecho español no contempla la "ilegalización preventiva".

el 18 may 2011 / 17:49 h.

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Sortu ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal  Constitucional en el que denuncia, por "inaceptable" desde el punto  de vista constitucional, que el Tribunal Supremo, en su auto del 30  de marzo de 2001, haya "omitido deliberadamente" documentación, como  sus estatutos, en los que rechaza toda violencia, y en concreto, a la  de ETA.  

En su demanda, de 174 páginas, a la que ha tenido acceso Europa  Press, la defensa de Sortu ha criticado que el TS no mencione en su  resolución los estatutos de Sortu, que "suponen la materialización de  la ruptura con la estrategia de ETA y el rechazo al uso de la  violencia como método para el logro de objetivos políticos".  

"La intensidad del rechazo a toda violencia y sus instrumentos,  exteriorizado sin figuras retóricas ni equívocos, respecto de ETA, es  contrapeso suficiente, y ha de bastar para desvanecer cualquier  presunción de connivencia con ella o con organizaciones ilegalizadas,  que pudiera reprocharse al nuevo partido", destaca.

Por ello, cree "alarmante la flagrante falta de referencia a los  contenidos estatutarios" porque, además, "los compromisos y  principios" adquiridos en ellos son "la expresión del rechazo a la  violencia del pasado" y contienen "un mandato expreso" de rechazo al  terrorismo, a sus representantes, militantes y cargos orgánicos e  institucionales, a los que advierte con su "expulsión".

"En definitiva, no cabe ninguna actuación acordada o en  colaboración con el terrorismo y la violencia. Se ponen límites  infranqueables a cualquier intento de control y subordinación  proveniente de organizaciones que practican la violencia y el  terrorismo, así como a la posibilidad de actuar coordinadamente o de  forma complementaria a cualquier manifestación del fenómeno  terrorista", asevera.

El recurso afirma que "esa norma supone la eliminación del riesgo  de atentado al sistema democrático en la actividad política ordinaria  de todos los militantes de Sortu" y también "elimina el riesgo en los  procesos electorales y en la participación institucional".

Por ello, afirma que "es contrario a la lógica sostener que Sortu  representa un intento de ETA de estar en las instituciones", ya que  asume que "desarrollará una actividad de deslegitimación de cualquier  conducta vulneradora de los derechos y libertades fundamentales de  las personas".

En exte contexto, incide en la importancia de estos estatutos por  su "ruptura orgánica y funcional con ETA y Batasuna", que "evidencian  una voluntad auténtica que no puede ser desatendida mediante la  calificación de paragógica, tal como hace el auto" del TS.

Tras asegurar que, para impedir su inscripción como partido  político, el Supremo ha recurrido a "sospechas" y no a "pruebas  directas", Sortu subraya que se trata de "una ilegalización  preventiva", que, según asegura, rechazan tanto el Tribunal Europeo  de Derechos Humanos como la jurisprudencia y la Constitución  españolas.

ETA

El recurso, que pide que se anule el auto de la Sala del 61 y se  proceda a la inscripción de esta formación como partido político,  también denuncia que el Supremo haya obviado los datos de la  documentación de que disponía, que revela "las discrepancias" que ha  habido entre la izquierda abertzale y ETA en relación "a los medios a  emplear para la consecución de objetivos políticos".

Además, afirma que, incluso, algún agente de la Policía Nacional,  ha admitido que la izquierda abertzale "se impuso a ETA" y la banda  "ha ido a remolque". En este sentido, resalta la carencia de  "solidez" de la afirmación del Supremo que le lleva a concluir "la  inexistencia de debate en el seno de la izquierda abertzale y de un  claro enfrentamiento a los propósitos de ETA".

De esta forma, cree que el Tribunal "desconoce, para ello, la  prueba documental, la testifical y pericial practicadas en el  procedimiento, de la que resulta plausible derivar un intenso debate  sobre el abandono de la violencia en el seno de la izquierda  abertzale, en contra de las pretensiones de ETA".

En este sentido, apunta que el resultado del debate es "la  utilización exclusiva de medios legales y democráticos" y "su  plasmación en declaraciones, manifiestos y notas de prensa, en las  que se reitera el rechazo a la violencia de ETA y a la convivencia  orgánica y funcional con quienes la practican".  

Según precisa, "el enfrentamiento" que ha existido con ETA se  constata en la propia documentación de la banda, en la que se observa  que defendía "la clara expresión y defensa de la violencia como  instrumento necesario" para lograr sus fines políticos, y que  establecía unas pautas para el futuro que no se han cumplido por  parte de la izquierda abertzale.  

Asimismo, señala que se puede "deducir" que había "advertencias"  de ETA a aquellos sectores de la izquierda abertzale que "habían  manifestado otra interpretación" de lo que, a su entender, era "el  proceso democrático". En este línea, recuerda que la banda manifestó  que "el proceso no es para que la izquierda abertzale dé el salto del  'ciclo armado, al 'ciclo político'", ni que se abre "para multiplicar  sus condiciones política".

La defensa de Sortu también destaca que el TS hace "una valoración  claramente errónea y desprecia el valor", sin "justificación alguna"  de la 'Ponencia Mugarri' "como expresión de las serias divergencias  existentes entre ETA y la IA en otoño de 2009, en torno al  mantenimiento o no de una estrategia político-militar (liderada por  ETA)".

En esta línea, reprocha que el Supremo no la haya "tenido en  cuenta" cuando "expresa diáfanamente cuál es la tesis de ETA y que no  fue admitida a debate por la izquierda abertzale".  

De esta forma, rechaza que el debate en la IA fuera "algo  programado, controlado y dirigido" por la banda, como asevera el  Supremo, porque "el conjunto probatorio" demuestra "el grado de  discrepancia" que hubo antes de éste "y en el desarrollo del mismo".

A su juicio, "es incuestionable la existencia de enfrentamiento y  discrepancias radicales en cuanto a los medios e instrumentos" para  desarrollar su estrategia "y que se estaba diseñando una nueva línea  política en la que la estrategia político-militar era sustituida por  otra sólo política".

El recurso de amparo también destaca que la declaración de Alsasua  "acredita" que el debate se estaba "conduciendo por derroteros  distintos" a los que ETA "esperaba" y con consecuencias "que le  llevarían a perder el control de la dirección de la izquierda  abertzale".  

AMPARO

En la demanda, Sortu pide ante el Tribunal Constitucional que le  otorgue amparo y reconozca su derecho fundamental de asociación, en  relación con el derecho a la libre creación de partidos políticos,  restableciendo "en su integridad sus derechos".

Para apoyar sus argumentos alude al voto particular formulado por   siete magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo en el que  discrepaban de la resolución mayoritaria. Asimismo, se apoya a la  sentencia del propio TC que permite a la coalición Bildu concurrir a  los comicios del 22 de mayo.

El recurso destaca que está "en juego el derecho a la libre  creación de partidos políticos" y recuerda que sería la primera  ocasión en la que el alto Tribunal se pronunciara sobre una sentencia  de la Sala del 61 que "deniega la inscripción de un nuevo partido  político".  

Asimismo, dice que es la primera vez que se plantea la  ilegalización de un partido sin basarse en "sus actividades y  conductas" como prevé la Ley de Partidos, porque ésta "no han podido  ejecutarse", y cree que está "en riesgo" el propio sistema  democrático.

Tras denunciar que el Supremo no haya "extremado el rigor" a la  hora de probar el supuesto "fraude" que, en su opinión, supone Sortu,  ha denunciado las "citas parciales de documentos, la omisión de  textos" y la "exclusión de contraindicios acreditados".

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