La proliferación de viviendas ilegales representa hoy una de las mayores amenazas medioambientales en Doñana, según el último informe de Adena. Los ecologistas denuncian que estas pequeñas construcciones, de cálculo difícil, están convirtiendo a la comarca en una "pequeña Marbella".
El problema de las viviendas ilegales en el entorno del parque natural no es un fenómeno nuevo. El Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (POTAD), aprobado en 2003, ya advertía de que estas parcelaciones "producen un fuerte impacto ambiental y paisajístico y riesgos contaminantes para la salud debido a su desarrollo desordenado". Sin embargo, en los últimos años el ladrillo sin control se ha disparado en la comarca -compuesta por 14 municipios- sin que los ayuntamientos se atrevan a ordenar demoliciones. Esta es una de las conclusiones del último informe de WWW/Adena, titulado 'Los problemas ambientales de la comarca de Doñana. Evaluación 2008: riesgos y oportunidades'.
Los ecologistas aseguran que estas construcciones han crecido sobre todo en Hinojos, Sanlúcar de Barrameda, Palos o Villamanrique de la Condesa. Pero, ¿de qué cantidad estamos hablando? "La contabilización es imposible, pero entre estas localidades suman más de 500 parcelas ilegales", explica Juan José Carmona, responsable del análisis de Adena. Son de pequeño tamaño, por eso no llaman tanto la atención, pero están convirtiendo a la comarca en una "pequeña Marbella", critica Carmona.
Las viviendas tienen unas características comunes: se destinan a segunda residencia para gente de los alrededores o sirven de casa para los temporeros de la fresa. Los efectos sobre Doñana son, a su juicio, muy graves: "aparte de la ocupación de suelo público, que ya eso es un descaro, provoca la fragmentación del hábitat. Además, los problemas de residuos y depuración del agua no están resueltos", señala.
"Pasividad" municipal . El grupo ecologista vislumbra sólo un futuro para estas construcciones: el derribo. Las competencias urbanísticas para frenar este fenómeno recaen en los ayuntamientos, "que se han mostrado pasivos", afirma Carmona.
Y añade que las posibles legalizaciones a través de los planes generales que se están redactando "da una imagen de impunidad, es decir, que uno primero construye y luego legaliza". Así las cosas, Adena demanda un estudio de impacto del crecimiento irregular y denuncia que el planeamiento urbanístico que plantean los pueblos de la comarca -que prevé pasar en una década de 180.000 a 340.000 habitantes- "es del todo insostenible".
