Un mazazo para una de las mayores comunidades españolas y, además, para todo el Estado. La agencia internacional de calificación crediticia Standard & Poor's bajó ayer en dos escalones la nota de solvencia a largo plazo de Cataluña, a BB desde BBB-, lo que equivale a un grado especulativo o bono basura. Pero aún hay más. Esa firma mantuvo en perspectiva negativa la calificación de la comunidad catalana, que ha solicitado el rescate al Fondo de Liquidez Autonómica, y tal decisión implica que está abierta a nuevos recortes.
"La rebaja a Cataluña sigue las emergentes tensiones entre la región y el Gobierno central y el potencial impacto negativo que las tensiones consideramos que pueden tener en la capacidad de la región para captar financiación externa", explicó S&P. La calificadora, que determina el riesgo de invertir en deuda pública de la comunidad, señala que Cataluña también ha pedido que el Gobierno central modifique el marco financiero regional bajo el que opera, en una clara alusión al pacto fiscal -esto es, tratamiento diferenciado en materia tributaria- que el Parlament reclamó al Estado.
"Creemos que esta propuesta podría crear tensiones con el Gobierno, del que Cataluña depende crucialmente para acceder a liquidez, al menos durante los años 2012 y 2013", afirmó la agencia. "En nuestra opinión, Cataluña sigue mostrando un débil perfil de crédito individual, con una deteriorada posición de liquidez y una elevada dependencia del apoyo del Gobierno central para cubrir vencimientos de deuda", resume la sociedad de rating.
De este modo, S&P apunta que la petición por parte de Cataluña de modificar aspectos institucionales y financieros "claves" en su relación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy crea incertidumbres que son incompatibles con una calificación dentro del grado de inversión. Concreta que la propuesta de cambiar el régimen de las finanzas públicas catalanas podría incluso perjudicar la coordinación necesaria entre la Administración regional y la del Estado para una buena ejecución de esa ayuda financiera (liquidez) que concederá el Ejecutivo español, y "debilitar así la voluntad del Gobierno central de dar su apoyo bajo ciertos escenarios".
Expone, además, que otro factor que podría "avivar el conflicto" entre Estado y Generalitat es si ésta no logra cumplir los objetivos de déficit. Petición delicada. S&P expone que en el caso de que Cataluña lograra aumentar su participación en los ingresos nacionales -y dado que la recesión de la economía los están contrayendo o estancando- "los potenciales beneficios de la comunidad irían en detrimento de otras regiones u otros niveles de gobierno".
Por ello, piensa que la petición de Cataluña es "políticamente delicada y difícil de llevar a cabo" en el actual contexto económico en España. Estima, asimismo, que la Generalitat ha adoptado una posición política firme con respecto a su solicitud en un momento en el que su propia capacidad de refinanciación se encuentra "altamente limitada", con unos vencimientos de deuda de 5.200 millones hasta finales de año.
