Sólo hicieron falta 15 segundos, un fallo humano y otro técnico para que 154 personas murieran en trágicas condiciones. Sin embargo, un año después del accidente de Barajas sus familias no tienen claro qué ocurrió, por qué, y qué pudo hacerse para evitar tan dramáticas consecuencias.
El día 20 de agosto de 2008, la aeronave McDonnell Douglas DC-9-82 (MD-82), operada por Spanair, estaba programada para emprender el trayecto entre Madrid y Las Palmas. Era el vuelo regular JK-5022, que tras el accidente cambió de nombre para no remover las entrañas de quienes habían perdido a sus seres queridos. Hoy, todas las oficinas de Spanair guardarán un minuto de silencio por las víctimas de aquel vuelo, se descubrirán placas con sus nombres y se celebrarán misas. Pero sus familiares buscan otro tipo de consuelo: quieren saber qué ocurrió.
La hora estimada de salida eran las 13.00 horas, pero la tripulación detectó una indicación anormalmente alta de la temperatura de la sonda RAT, que mide la temperatura del aire, y se pidió asistencia técnica. El mecánico solventó el problema, de manera que a las 14.23 horas el avión estaba en la cabecera de la pista 36L y fue autorizado para despegar. El aparato se elevó 12 metros sobre el suelo, pero los flaps y los slats -replegados- impidieron que volara. La aeronave acabó destrozada, como los cuerpos de la mayoría de sus ocupantes. Murieron 154 personas (148 pasajeros y seis tripulantes) y sobrevivieron 18 pasajeros, que aún hoy -hoy más que nunca- se preguntan por qué.
La investigación arroja respuestas, pero pocas y casi ninguna contundente. Los estudios judiciales están estancados por obstáculos en la instrucción. El mayor de ellos, la negativa de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) de elaborar un informe sobre el siniestro. Las primeras diligencias fueron abiertas en base a un estudio de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), dependiente de Fomento. El informe preliminar, de octubre de 2008, determinó que el avión se precipitó contra el suelo porque no llevaba los flaps -alerones que sustentan el aparato- desplegados. Asimismo, Aviación Civil determinó que los pilotos no recibieron aviso en la cabina del fallo que les costaría la vida.
Las continuas filtraciones hicieron que el juez encargara una comisión independiente de ocho peritos para analizar las conclusiones de Aviación Civil. Pero los trabajos no han arrancado por las constantes recusaciones. Al no encontrar peritos imparciales, el juez recurrió a la Agencia Aérea de la Unión Europea, que se declara no competente en este asunto.
Por ahora hay imputados dos técnicos de Spanair por homicidio imprudente. Pero hace falta un peritaje exhaustivo que deje claro qué ocurrió. Tal y como dicta la legislación internacional, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia Aviación Civil publicó un nuevo informe, también preliminar, que arroja nuevos datos pero que no extrae conclusiones. El documento estima que al fallo técnico, la posición de los flaps y los slats, se unió un fallo humano, ya que los pilotos no cumplieron las comprobaciones de rigor. El informe dice además que un fallo en un relé pudo ser el responsable de la primera avería -la elevada temperatura de la sonda RAT- y de que el avión no emitiera una alarma de error en la configuración para el despegue. Todas estas conclusiones están supeditadas a que se redacte un informe definitivo y al desmontaje completo de algunas piezas recuperadas del avión.
Un año después, los familiares no tienen respuesta a muchas preguntas: ¿Por qué el juez no tuvo acceso a las conversaciones entre la torre de control y el avión? ¿Funcionó el plan de emergencias de Barajas? ¿Por qué no se ha reparado el socavón en el que cayó el aparato? ¿Por qué no se ha solucionado el problema del arroyo que dificultó el rescate? ¿Qué peritos investigarán el caso? ¿Qué responsabilidad tienen los organismos públicos en el siniestro? En definitiva, ¿pudieron amortiguarse los efectos del accidente? Y, si es así, ¿quién es el responsable de que no se hiciera?
