Sevilla es la tercera provincia con más población inmigrante. La población extranjera con la documentación en regla suma 80.806 personas, lo que representa un 12,08% del total. Si la crisis está siendo demoledora en materia de destrucción de empleo en la provincia de Sevilla, donde más de un tercio de sus habitantes están registrados en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo a fecha 4 de diciembre, en el caso de los inmigrantes su vulnerabilidad ha crecido exponencialmente. 9.223 inmigrantes están desempleados, un 4% más respecto a diciembre del año pasado (9.156), según los datos recabados por el sindicato UGT en un informe titulado Situación sociolaboral de personas inmigrantes en la provincia de Sevilla.
Pero lo peor para los extranjeros que viven en Sevilla no es ya el paro (situación que les pone más trabas para reunir los requisitos necesarios para la renovación de los permisos de residencia y trabajo), sino los recortes de derechos que les ha aplicado el Gobierno central desde que el PP recaló en la Moncloa con mayoría absoluta. En virtud al Real Decreto-Ley 16/2012, se les ha dejado de ofrecer una atención sanitaria con carácter universal y gratuita; la política migratoria se ha orientado en los últimos meses, denuncia UGT, a "favorecer el retorno a sus países de origen con medios precarios y poco dignos"; y se ha modificado el Código Penal de manera que la expulsión se ha convertido en la medida general para los extranjeros que hayan cometido un delito penado con más de un año de cárcel.
El sector que da más trabajo a los inmigrantes (normalmente hombres entre los 25 y los 44 años de edad) es el de servicios, sobre todo en la rama de restauración. Las ocupaciones más contratadas son: ayudante de cocina (16,84%), cocineros (14%), peones agrícolas en viveros, jardines, huertos e invernaderos (11,54%) y trabajadores de cuidados personales a domicilio (10,77%).
