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Subir escalones hasta el presidente

el 16 nov 2011 / 21:27 h.

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Cada vez que la jueza Alaya mira hacia arriba, le parece estar viendo a Griñán. La instructora del caso ERE -sobre el supuesto abuso en las ayudas públicas al empleo- concibe toda la trama como una "pirámide".

Usó esta metáfora hace dos semanas en un auto en el que veía prematuro pedir fianza a los imputados, como demandaba Anticorrupción. Hasta hoy no tomará una decisión al respecto. ¿Por qué?

Porque a la jueza le parece injusto reclamar la devolución del dinero defraudado a los veintitantos que por ahora están imputados, cuando los verdaderos responsables aún están por aparecer, y se encuentran en la cúspide de la pirámide. "Esta instructora ha demorado las medidas cautelares. Según vayamos avanzando en la investigación, pudiéramos subir escalones en la pirámide", explica, y en el ascenso irán apareciendo "altos cargos de la Junta, intermediarios (despachos de abogados, aseguradoras, sindicatos), empresarios y los beneficiarios de las ayudas".

¿Quién espera en el vértice? La jueza ya ha nombrado a cinco exconsejeros del Gobierno: José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Griñán. Con especial incidencia en este último, actual presidente de la Junta que, siendo titular de Economía, estuvo en disposición de conocer y autorizar el procedimiento irregular en la concesión de ayudas. Dos autos de Alaya han apuntado expresamente a Griñán: uno por su cargo y otro por su nombre.

El último escrito de la jueza, conocido hace dos días, ha levantado revuelo por su proximidad a las elecciones, pero el dardo de la jueza nunca estuvo tan cerca del presidente como cuando exigió a la Junta la entrega de las actas del Consejo de Gobierno desde 2001.

La diferencia respecto al auto de esta semana es que en éste la jueza sigue la estela marcada por el PP, como parte personada en la causa, mientras que aquel fue una línea de investigación que asumió personalmente la jueza.

En el auto del 6 de julio, Alaya afirmó que la Intervención General de Hacienda -encargada de fiscalizar las cuentas públicas- puso de manifiesto desde 2002 "de forma reiterada y explícita, tanto al consejero de Economía, hoy presidente de la Junta, a IDEA y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa", que la fórmula de transferencia de financiación se usó "prescindiendo del procedimiento administrativo adecuado".

Hasta ese momento, la jueza se había centrado en la agencia IDEA (antiguo IFA), que gestionó los 647 millones de ayudas al empleo a través de un procedimiento arbitrario y sin control. Los responsables últimos eran los exconsejeros Viera y Fernández, que antes habían ostentado la presidencia del IFA.

El 6 de julio, Alaya subió un peldaño al pedir las actas de Gobierno. Buscaba responsabilidad politica al más alto nivel. Quería saber si el procedimiento irregular para dar ayudas fue tratado por los miembros del Gobierno, incluso pide los informes orales. La Junta respondió que las alertas de Intervención sobre la falta de control de ayudas no llegó al Consejo de Gobierno (no eran informes de actuación, tan graves como para informar al titular de Economía).

En su último auto la jueza parece haberse precipitado al asumir unas diligencias propuestas por el PP que señalaban al presidente. Según éstas, la ley obligaba a Griñán a autorizar las ayudas superiores a 1,2 millones (cuando en realidad la ley sólo dice que el titular de Economía debe autorizar operaciones de endeudamiento, y aún así nunca se hizo, según la Junta).

Alaya tenía esas diligencias del PP en su poder desde el 21 de junio, y ha tardado cinco meses en procesarlas. Está por ver si ha sido un error procesal, como sostiene la Junta, o una rutina de la jueza justo antes de las elecciones, como dice el PSOE.

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