En Andalucía, subir la ratio escolar hasta el máximo legal (28 alumnos por aula) es una medida que siempre se ha tomado a demanda y en beneficio de los centros privados concertados y en detrimento de la pública. En el proceso de escolarización de Sevilla, por ejemplo, suelen sobrar plazas en colegios públicos, incluso en algunos concertados, mientras la demanda rebasa con creces la oferta en un puñado de escuelas católicas de cierto prestigio social (Portaceli, Buen Pastor, Padres Blancos, Santa Ana...) La Consejería de Educación no aconseja aumentar la ratio de 25 hasta 28 alumnos por clase sólo porque en uno o varios colegios haya más solicitudes que puestos escolares. No mientras en las escuelas vecinas siga habiendo plazas libres. Sin embargo, en los últimos años la presión que han ejercido los padres y la patronal concertada para que se aumentara la ratio en determinados centros católicos de referencia ha hecho que la Junta termine cediendo a sus pretensiones. En ocasiones, esta decisión ha comportado la pérdida de alumnado en colegios públicos e incluso el cierre de aulas en centros públicos y colegios concertados de menor fama.
La escolarización siempre ha sido un violento cruce de intereses: Los padres defienden su legítimo derecho a matricular a su hijo en el colegio que han elegido, la patronal concertada esgrime su derecho a ampliar un negocio lucrativo y el Gobierno andaluz, férreo defensor de la escuela pública, se jacta de haber mantenido durante 30 años la red pública al 80% y la concertada al 20% (en Madrid el equilibrio de la oferta es casi 50-50). Esto último es verdad a medias. Es cierto a escala regional, pero por ejemplo en Sevilla capital la oferta de colegios concertados está casi al mismo nivel que la pública, y en determinados distritos, como Nervión o el Casco Antiguo, incluso está por encima.
La subida de la ratio nunca se ha aplicado por necesidades de escolarización globales, sino por el exceso de demanda en un puñado de colegios católicos. Aparentemente este año la medida resulta más innecesaria que el curso pasado, porque el número de alumnos que ha cursado solicitud de ingreso ha descendido respecto al 2011 (al menos en Sevilla). Sin embargo, el Gobierno central aprobó el viernes un real decreto ley que permitirá a las comunidades elevar aún más el límite máximo de alumnos por clase: de 25 a 30 en Infantil y Primaria, de 30 a 35 en Secundaria y de 35 a 40 en Bachillerato y FP. En cada clase pueden entrar tres niños más por "necesidades de escolarización". El Ministerio de Educación reconoce haber tomado esta decisión por razones económicas, no educativas.
Esta medida, "la más violenta para la calidad del sistema escolar", según el Gobierno andaluz, tiene "carácter dispositivo". Es decir, Andalucía no está obligada a cumplirla a rajatabla, puede obviarla o puede "modular la aplicación" si su situación financiera se lo permite.
La primera reacción del consejero de Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, fue decir que "intentaría no aplicarla" para no perjudicar la calidad educativa de Andalucía, que es la comunidad con mayor número de alumnos del país y la que más apura el límite máximo de estudiantes por aula. Pero la reacción de la Consejería de Hacienda fue otra: la situación financiera de Andalucía no nos permite ser tan tajantes a la hora de desechar medidas de ahorro (la región tiene que cumplir con el límite del 1,5% del déficit este año). Habrá que verlo.
Por el momento, Educación no ha vuelto a pronunciarse por el tema, a pesar de que ahora mismo tiene a miles de colegio y a cientos de miles de padres esperando a oír su veredicto. Sea cual sea, la Junta no puede demorarse mucho en su decisión. El proceso de escolarización está en marcha, y el próximo 2 de mayo los colegios tendrán que hacer público en sus tablones de anuncios las primeras listas de admitidos provisionales. En esas listas deberán constar 25 niños admitidos por clase o 30. Además, en el caso de colegios que oferten cinco unidades de Infantil (como el Portaceli o los Padres Blancos), la administración tendrá que decidir si el aumento de niños en cuatro aulas les obliga a eliminar la quinta unidad. "Los alumnos que entran en cinco clases, a partir de ahora cabrán en cuatro", explicó el consejero.
La subida de la ratio escolar es la primera prueba de fuego para el nuevo Gobierno andaluz, que ni siquiera está aún formado, pero cuyas fuerzas integrantes (PSOE e IU) ya han validado un acuerdo programático en el que prometen preservar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Subir la ratio escolar permitirá ahorrar más de 4.000 profesores interinos, según cálculos de la consejería, pero dificultará el trabajo de los docentes dentro del aula, tanto en la pública como en concertada. El Gobierno andaluz lo sabe, porque así lo ha defendido durante años. Su decisión dejará, por fin, al descubierto el margen que tiene el nuevo Ejecutivo de coalición de izquierdas para defender sus prioridades políticas frente a las del Gobierno del PP.
