El presidente del Gobierno acaba de anunciar medidas para combatir o paliar los efectos que la crisis económica puede producir en el seno de nuestra sociedad. Entre esas medidas, una de las más destacadas, por llamativa, ha sido la decisión de congelar el sueldo de los altos cargos del gobierno que él preside. No me cabe la menor duda de que otras administraciones gobernadas por socialistas o por otros partidos seguirán el mismo camino. Yo estoy en contra de esta medida si sólo se aplica a altos representantes de la Administración y no se extiende al conjunto de funcionarios y trabajadores que tengan un nivel de emolumentos similar o equivalente al del alto cargo.
Y me opongo porque soy de los que consideran que un alto cargo no está bien pagado en España; la empresa que yo he estado dirigiendo durante veinticuatro años (Junta de Extremadura), está compuesta por treinta y cuatro mil funcionarios; de esa Administración han surgido unas cuantas empresas, públicas o semipúblicas, con altos directivos nombrados por el Consejo de Gobierno que yo presidía. Todos esos directivos, consecuencia de la libre voluntad del presidente de la Junta, adquirían inmediatamente un nivel de emolumentos que superaba en dos o tres veces el nivel salarial de la persona que los nombraba.
Véase el caso, tantas veces señalado, de los cargos institucionales a nivel del Estado, donde los presidentes del Congreso y del Senado, los del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de RTVE, del Tribunal de Cuentas, etc., todos ellos consecuencia directa de la voluntad del presidente del Gobierno, y con unas retribuciones que superan largamente a las de este último.
Mi intención no es exteriorizar una queja por el nivel de retribuciones gubernamentales que, si se comparan con los emolumentos de los altos directivos de cualquier empresa privada, suenan a chiste. Cuando se acepta un cargo público se sabe la retribución salarial a recibir, y si quienes pudiendo cambiarlos no lo hacen, no existe razón ni motivo para la queja. Me mueve la intención de exteriorizar mi desacuerdo con la medida congeladora de esos sueldos única y exclusivamente para responsables gubernamentales.
A pesar de lo dicho hasta ahora, en el imaginario colectivo está sembrada la idea de que eso de dedicarse a la política es un chollo. Si la gente se creyera lo que publican los Boletines Oficiales y los periódicos, donde se refleja fielmente los sueldos de los altos cargos de las Administraciones públicas, la leyenda sobre la capacidad de compra de esos cargos públicos no existiría. Quien se haya encontrado en esa situación sabe la cantidad de veces que ha tenido que desmentir los bulos y rumores que, de cuando en cuando, se propagan sobre las propiedades rústicas y urbanas de tal o cual responsable institucional. De haber anotado en mi agenda los rumores que sobre mí o cualquier presidente se han contado, se podría concluir que no ha habido una sola propiedad de cierta importancia en mi región que no se me haya adjudicado por el bulo popular. Afortunadamente esas leyendas siempre se quedaron en nada porque nadie fue capaz de demostrar lo que era sólo inquina, mala fe y afán de desprestigiar, no sólo al político de turno, sino a la actividad política en general.
Por eso, el que ahora los cargos públicos institucionales acepten sin rechistar el "sacrificio" de congelar sus sueldos, lejos de ser bien valorado por la ciudadanía, se presta a comentarios del tipo "¡ya ganan bastante y se pueden permitir el lujo de hacerlo!" o "¡ya lo sacarán de otra parte?!". No me parecería mal la medida de congelar salarios en la situación de crisis económica que padecemos, si la misma se aplicara a todos aquellos que mantengan un nivel de retribución igual o superior al del alto cargo gubernamental, pertenezca su actividad laboral al ámbito público o al privado. Pero me pareció siempre una medida poco ejemplarizante hacerlo sólo con aquellos que, por su silencio, pueden trasladar a la opinión pública la sensación de que o su nivel salarial es tan elevado que un estancamiento del mismo no le provoca la más mínima inquietud, o que tienen la conciencia de que están cobrando por encima de su capacidad y su rendimiento laboral.
Y o una de dos: o se está excesivamente retribuido; en cuyo caso no hay que esperar a tiempos de crisis para ajustar a la baja lo que sería una situación anómala por injusta; o se está mal pagado, en cuya caso no se debería admitir sin rechistar la congelación del sueldo que te es necesario para vivir. Si el cargo público tuviera la conciencia de que lo que cobra lo gana honradamente y que incluso, y comparando con otras responsabilidades, cobra bastante menos de lo que se merecería, estoy convencido de que no aceptaría este tipo de medidas que mermaría sensiblemente una retribución ajustada. Tras veinticuatro años de responsabilidad institucional, me inclino por lo segundo y por eso nunca me sumé a ese tipo de medidas; soy de los que piensa que el sueldo que gané mientras fui presidente de la Junta de Extremadura era el que me pertenecía por el trabajo que hacía; haber aceptado recortármelo unilateralmente siempre me producía la sensación de que ganaba por encima de lo que me correspondía; por eso nunca lo hice salvo que fuera una medida para todos los que estaban en un nivel salarial similar o superior al mismo.
