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Surrealismos protegidos

La demolición anunciada del antiguo Pabellón de la Santa Sede por los propietarios de la parcela que ocupa se ajusta como un guante a la ley pero amenaza con alimentar un absurdo culebrón que merecería algún tipo de explicación desde la autoridad competente.

el 15 sep 2009 / 03:43 h.

La demolición anunciada del antiguo Pabellón de la Santa Sede por los propietarios de la parcela que ocupa se ajusta como un guante a la ley pero amenaza con alimentar un absurdo culebrón que merecería algún tipo de explicación desde la autoridad competente. Al margen de la morriña del 92, año de la Expo, que puede provocar su derribo en algunos, se trata de una construcción sin protección de ningún tipo. Los dueños del mismo presentaron hace cerca de un año el proyecto de demolición del edificio y el Ayuntamiento les concedió sin salvedades la licencia de obra para acometer el derribo. Durante ese largo proceso ninguna otra entidad autorizada ha levantado la mano para tratar de cambiar el estatus de este edificio curioso, pero perecedero desde el mismo día de su construcción. Increíblemente, justo el mismo día en que se inicia su derribo es cuando Cultura avisa de que en virtud de un informe que está elaborando, y cuyo resultado se conocerá cuando el edificio ya esté casi desmantelado, podría adoptarse la decisión de tener que ¡¡¡devolver el pabellón a su estado original¡¡¡¡ El coste de esta hipotética reconstrucción correría lógicamente por cuenta de los actuales propietarios. Tal posibilidad suena a broma pesada y Cultura tendrá que meditar seriamente una decisión tan surrealista que la convertiría en un hazmerreír ante la ciudadanía. Los responsables de velar por el patrimonio deberían desvelar sus razones para abrir ahora la puerta al amparo de un edificio no protegido, después de empezar a demolerse el mismo con todas las bendiciones legales y habiendo dispuesto de tantos meses antes para adoptar una medida tan chocante. Mucho más inaceptable aún sería que se vulnere con frivolidad el principio de seguridad jurídica que debe amparar a todos los ciudadanos, y que en el caso de que la posibilidad que sopesa Patrimonio se hiciese realidad causaría injustos quebrantos a los actuales propietarios del pabellón, cuando ellos sólo se han limitado a respetar escrupulosamente la ley.

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