En la administración andaluza sí queda grasa que adelgazar. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado esta mañana en la sesión de control al Gobierno que es necesario adelgazar las estructuras instrumentales y suprimir lo que sea superfluo. Un mensaje que ha pillado a muchos por sorpresa, ya que hace sólo unos días la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió justo lo contrario, que a la Junta no le queda más grasa de donde adelgazar y que ya no había cosas superfluas que recortar. Díaz acepta ahora revisar la reordenación del sector público y pone en el punto de mira a los entes instrumentales, en los que IU ve posibilidad de ahorrar directivos y amortizar mejor los recursos. La presidenta ha aclarado que aún se puede adelgazar más en gastos de publicidad, protocolo y promoción, y se ha pedido, como hizo ayer el vicepresidente Diego Valderas, que se agilice la comisión parlamentaria que valore el funcionamiento del sector público, pero ha recordado que el 90% del sector público instrumental se dedica al gasto social. Díaz también anunciado un plan de apoyo a las pymes industriales andaluzas dotado de 150 millones de euros para un máximo de siete años a través de incentivos reembolsables, con el que la Junta financiará hasta el 20% de proyectos concretos, que tendrán que concurrir a una convocatoria pública para acceder a este crédito. Se trata de la respuesta a la demanda que los empresarios le transmitieron personalmente a la presidenta en su reunión del pasado lunes. La patronal asegura que tiene capacidad para generar actividad, pero que no logra acceder al crédito interbancario. La Junta, cambiando la filosofía de la subvención por el incentivo, viene a suplir esa falta de liquidez, actuando como una especie de ICO andaluz o banca pública, que otorgará a las pequeñas y medianas empresas créditos a interés cero. Por último, la presidenta ha respondido al líder de la oposición, Juan Ignacio Zoido, que su Gobierno seguirá luchando contra la corrupción. En esta línea, Díaz ha anunciado que el sindicato UGT ya ha devuelto 25.500 euros a las arcas públicas por facturas irregulares, por el uso indebido del dinero público. El gabinete jurídico de la Junta está estudiando si se persona como acusación en el caso que salpica a esta organización sindical.
